Promoviendo políticas de drogas con enfoque de género en Bolivia

En el Estado Plurinacional de Bolivia, las mujeres representan el 8 por ciento de una población de más de 17,000 personas privadas de libertad. Sólo en otros tres países en América Latina (Guatemala, El Salvador y Chile) se observa una proporción mayor de mujeres dentro de la población total de las carceles. Casi el 40 por ciento de las mujeres actualmente recluidas en Bolivia lo están por delitos menores relacionados con drogas, a menudo como resultado de condiciones socio-económicas estructurales, como la pobreza y las presiones derivadas de ser madres solteras. Por lo general, estas mujeres son pobres, cuentan con escasa educación y no tienen acceso a empleos estables con un ingreso decente; un porcentaje alarmante de ellas han sido víctimas de violencia doméstica y sexual. A menudo es la necesidad económica la que las conduce a la industria de las drogas. Elevados índices de detención preventiva han contribuido también a un severo hacinamiento en las prisiones. De hecho, las prisiones en Bolivia ocupan el octavo lugar entre las más congestionadas en el mundo.

En respuesta al hacinamiento extremo de las prisiones, entre los años 2012 y 2018 el gobierno del Presidente Evo Morales promulgó seis iniciativas de indulto, reducciones de pena y amnistía, que llevaron a la liberación de casi un tercio de la población carcelaria total en el país. Cláusulas específicas referidas al género beneficiaron a madres y a cuidadoras. Estas iniciativas de indulto, reducciones de pena y amnistía con un enfoque de género, emparejadas con la reducción de los índices de pobreza y un mayor apoyo estatal hacia las madres de familia, contribuyeron a una disminución del 84 por ciento en el número de mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas entre 2012 y 2017, lo que se contrapone a la tendencia de incremento del encarcelamiento de mujeres por delitos relacionados con drogas evidente en la mayoría de los países de América Latina.

Pero los considerables avances logrados en Bolivia en cuanto a reducción del encarcelamiento de mujeres por delitos relacionados con drogas, corren el riesgo de ser revertidos si no se promulgan e implementan amplias reformas en el sistema judicial. La ley sobre drogas (Ley 1008), promulgada en Bolivia en 1988, incluye artículos severos que no distinguen entre casos de pequeña, mediana y gran escala de tráfico de drogas, y asigna sentencias desproporcionadamente severas para todos los delitos relacionados con el tráfico de drogas, que oscilan entre 10 y 25 años de cárcel. Inicialmente, la Ley 1008 prescribía prisión preventiva para cualquier persona acusada de un delito relacionado con drogas, y les impedía beneficiarse de alternativas al encarcelamiento.

Al asumir la Presidencia en enero de 2006, el gobierno de Morales prometió reformar la Ley 1008 y proponer una norma aparte sobre el cultivo de la hoja de coca. Más de 10 años después, en 2017, la Asamblea Legislativa boliviana finalmente promulgó nuevas leyes referidas a la coca y a sustancias controladas. Un nuevo código penal aprobado a finales del año pasado hubiera reducido las sentencias para delitos relacionados con drogas, y podría haber reducido significativamente el número de mujeres encarceladas. Sin embargo, ante amplias protestas, el gobierno posteriormente revocó las nuevas medidas, lo cual significa que siguen vigentes las sentencias extremadamente severas dispuestas bajo la Ley 1008 para delitos relacionados con drogas.