En Bolivia está vigente todavía la ley antidroga (1008) que pone en riesgo de detención a cualquier ciudadano estante o habitante, personas que guardan detención meses o años a consecuencia de denuncias no clarificadas o por que han sido detenidos preventivamente para investigación, por esta razón y por nuestra naturaleza humana, debemos conocer esta demanda silenciosa de los privados de libertad. El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, pidió a la administración de Justicia y a la Policía que deben terminar con la corrupción para agilizar los procesos de los reclusos de las diferentes cárceles del país y con el hacimiento existente.

Con todo lo que implica para un ser, la privación de libertad desde la perspectiva clínica y psicológica, estado mental que se exacerba a raíz del propio tradicional sistema de impartición de justicia, caracterizado por abusos y retardación de justicia.

Factores que siguen siendo el núcleo del sufrimiento muchas familias bolivianas. Otros elementos como la infraestructura, el hacinamiento, la inseguridad, conducen a la sistemática violación de los derechos humanos tanto de los reclusos como de los efectivos policiales que los resguardan.Todas las personas ligadas al sistema, fiscales, jueces, gobernadores, alcaides, procuradores, policías, abogados de oficio y particulares del entorno son susceptibles a cometer delitos, y conculcar desde sus posiciones, los más elementales derechos de aquellas personas que están recluidas en estos recintos.

Lo cierto es que en el país se encuentran recluidas alrededor de 15000 personas, un 80 % sin sentencia ejecutoriada, en calidad de detención preventiva, sin que su situación jurídica muestre claridad en el avance de sus procesos.

Para la mirada de los defensores de la dignidad humana y las instituciones que velan los Derechos Humanos, esta es una realidad que requiere prioritariamente transformación.

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