Miles de millones gastados durante años en programas de erradicación han fracasado, con escasos impactos positivos sobre el bienestar de cada vez más comunidades.
33 organizaciones de la sociedad civil y comunitarias instan al PCB de ONUSIDA a garantizar que los servicios de reducción de daños estén disponibles, accesibles y totalmente financiados.
62 grupos de derechos humanos y de la sociedad civil de Filipinas e internacionales instan al Consejo a responder enérgicamente a los abusos generalizados de los derechos humanos.
Mientras Malta lucha por eliminar completamente sus políticas sobre drogas con enfoque de tolerancia cero, la incidencia para la reforma viene ganando impulso.
