El hacinamiento en las prisiones, debido a la criminalización del consumo de drogas, imposibilita respetar el distanciamiento social y las prácticas convencionales de higiene.
Dado que las restricciones del confinamiento profundizan las desigualdades e incrementan el riesgo de comunidades ya vulnerables, las personas sin hogar que consumen drogas luchan por sobrevivir.
Las organizaciones de base comunitaria juegan un papel crucial para superar el temor al estigma y la discriminación, e incidiendo en favor de la reducción de daños y los derechos humanos.
La WADPN se moviliza en favor de una estrategia de múltiples enfoques para reducir la exposición e impacto de la pandemia sobre las personas que consumen drogas.
Mientras una patrulla urbana está rastreando a personas que consumen drogas y forzándolas a someterse a tratamiento, los servicios para reducción de daños son incluso más importantes durante la crisis del COVID-19.
El proyecto de ley que busca formalizar el mercado e incrementar la inversión en programas de salud y educación será sometido a un referéndum en setiembre de 2020.
En este momento de emergencia sanitaria, la acción represiva de Bolivia es enfocado en el microtráfico, aunque actualmente, no ha habido un aumento en el precio de sustancias.
Bolivia debe implementar con urgencia planes sociales y de salud, no sólo para sustituir las redes familiares y sociales que proveían a la población reclusa de su sustento diario, sino también para atender la problemática de salud mental de la población drogodependiente que requiere tratamiento.
En un contexto de hacinamiento extremo, infraestructura en ruinas y condiciones sanitarias inadecuadas, la pandemia requiere medidas con enfoque de género.
Esta edición especial de la encuesta mundial sobre drogas monitorea cómo la epidemia ha afectado la vida, relaciones y salud mental de las personas que usan drogas.
