Gobiernos, sociedad civil y otros actores implicados tienen la responsabilidad de basar sus acciones en los principios de derechos humanos y transparencia.
276 organizaciones hacen un llamado a la comunidad internacional para garantizar que se respeten los derechos y la dignidad de las personas que usan drogas.
Equis, con las organizaciones firmantes, urgimos a las autoridades a cumplir con su obligación de proteger los derechos de las personas privadas de la libertad, incluido el derecho a la salud. Proteger la salud pública en general, necesariamente implica velar por la salud de las personas que se encuentran en prisión.
El colectivo Mujeres Libres y otras organizaciones de derechos humanos pronuniciaron la necesidad de que la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo y el Gobierno Nacional tomaran medidas urgentes y humanitarias para abordar esta emergencia en el sistema penitenciario y carcelario debido a que la población carcelaria se encuentra en una posición de vulnerabilidad grave a causa del estado de cosas inconstitucional.
