Datos preliminares sugieren que han muerto más de 87,000 personas por sobredosis de drogas, mientras se intensifican invocaciones de acción urgente desde una perspectiva de salud y reducción de daños.
Los agricultores tradicionales de cannabis exhortan a las autoridades y contrapartes nacionales e internacionales a apoyar su recuperación tras el desastre humanitario en San Vicente y las Granadinas.
El gobierno de Nueva Zelanda/Aotearoa espera que un marco legal de servicios para verificación de drogas reducirá las muertes accidentales por consumo de drogas vinculadas con el uso de sustancias adulterantes.
Un número cada vez mayor de representantes en la Cámara de los EE.UU. vienen impulsando marcos legales a nivel federal y estatal para permitir estos servicios orientados a la reducción de daños.
Medidas temporales para prevenir la difusión de la pandemia se volverán permanentes dado que la decisión de no perseguir el consumo de drogas, el trabajo sexual y otras faltas menores demuestran ser beneficiosas para la salud y la seguridad.
Pacientes enfrentan mayores costos y demoras en el acceso a tratamiento debido a incompetencia en el manejo de las cadenas de suministro por parte del gobierno.
Una mayor autonomía de decisión por parte de la policía se ha traducido en la “ampliación de la red”, lo cual significa que hay más personas entrando en contacto con el sistema legal penal.
Expertos en drogas dicen que reclasificar el GHB sólo servirá para estigmatizar más aun a quienes consumen drogas, en lugar de mitigar la conducta criminal.
Provisión insuficiente de atención de salud y prácticas médicas negligentes complican los retos de una alevosa provisión de drogas y ponen en peligro las vidas de personas que consumen estas sustancias.
Según la legislación, el 40 por ciento de los ingresos por impuestos derivados del cannabis apoyarán a comunidades marginalizadas afectadas de manera desproporcionada por arrestos relacionados con drogas.
