Los debates de alto nivel sobre la descriminalización de la posesión de drogas y cambios a criterios de imposición de sentencias no se han materializado, pese a la urgencia.
Al integrar a las personas usuarias en la distribución de naloxona y programas de derivación, el pañis ha reducido significativamente sus muertes por sobredosis.
Para afirmar los derechos, las políticas públicas deben rechazar tanto la criminalización como el paternalismo, buscando responder a las causas que subyacen la implicación en economías criminalizadas.
Deshacer los daños de las políticas punitivas sobre drogas y construir alternativas sostenibles requiere centrar las experiencias de las comunidades negras con la “guerra contra las drogas”.
Mujeres, personas jóvenes, campesinas y personas usuarias de drogas han sido desproporcionadamente violentadas por las estrategias securitistas de las que depende la prohibición.
