Los recuerdos de nuestros seres queridos, así como el dolor causado por sus muertes prematuras, refuerzan nuestro compromiso con librar al mundo de la violencia y el abandono impuestos por los daños contra quienes consumen drogas.
Los principios de la justicia transicional, en particular en relación a la verdad, justicia, reparación y no repetición, ofrecen un marco útil para encarar la política de drogas.
Como los hábitos de consumo de drogas cambiaron durante la pandemia, será vital proporcionar lineamientos para respaldar la transición de regreso a la 'normalidad'.
Organizaciones de la sociedad civil exhortan a la CICAD a retomar el liderazgo que solía caracterizarle en generar debates sobre la eficacia y dirección de las políticas de drogas.
Las respuestas al VIH, las hepatitis víricas y las ITS deben basarse en las pruebas inequívocas que corroboran la importancia de la reducción de daños, la despenalización y el liderazgo comunitario.
Pese a tener la evidencia de su lado, organizaciones como la Fundación Andrey Rylkov enfrentan los retos de un gobierno aferrado a dañinos enfoques punitivos.
Los retos que enfrentan las mujeres que consumen drogas están abrumadoramente vinculados con la prohibición y exacerbados por ésta, y no por las propias sustancias.
Amnistía Internacional renueva su invocación a la ONU y sus Estados Miembros para acabar con el uso de la pena de muerte para delitos relacionados con drogas.
Urgen políticas de drogas basadas en la evidencia, programas de cuidado y bienestar de calidad que integren consideraciones de carácter socio-estructural y discursos que rechacen el estigma y la marginalización.
