Puede decirse que las políticas neozelandesas referidas a fiscalización de drogas son actualmente arcaicas a la luz de la orientación más progresista que están asumiendo sus aliados.
La producción de coca dio un paso adelante para ser monopolizada por el Estado, lo que les daría un mayor control sobre su producción y comercialización.
El aval del Consejo Nacional de Estupefacientes es ahora lo único que se interpone entre el presidente Iván Duque y su plan de reimplantar las fumigaciones aéreas para combatir los cultivos de uso ilícito.
3.000 pacientes de todo el país recibirán tratamientos con cannabis medicinal y su salud será supervisada por el organismo nacional de control de medicamentos.
Volver a permitir la fumigación aérea con glifosato para combatir el tráfico ilícito de drogas en Colombia tendría repercusiones desproporcionadas para el medio ambiente y la salud pública.
La política de drogas colombiana ha dado la espalda al Acuerdo de Paz y se ha traducido en violencias y tragedia para un campesinado cuyo compromiso con la sustitución de cultivos no encuentra homólogos en el gobierno.
La CIDH debe actuar para responder a la emergencia sanitaria en las prisiones y sus impactos específicos y desproporcionados sobre las mujeres privadas de la libertad.
