Pese a que la Corte Suprema haya cuestionado la constitucionalidad de la "guerra contra las drogas", el gobierno de Duterte mantiene su violenta política.
Los progresos en materia de biotecnologías pueden ser beneficiosos, pero se debe priorizar el acceso a intervenciones evidenciadas, incluyendo de reducción de riesgos.
Un contexto jurídico hostil continúa a alimentar las violaciones a los derechos humanos, incluso en relación a epidemias que continúan decimando al país.
INHSU 2021 subrayó la necesidad urgente y complejidades asociadas al desarrollo de esta componente esencial de una política de drogas orientada hacia la salud.
La censura y encubrimiento oficiales torpedean la rendición de cuentas del gobierno en relación a las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el nombre de la "guerra contra las drogas".
La memoria de Kostya Proletarsky continúa a inspirar el movimiento por acabar con las políticas de drogas represivas y sus impactos nefastos sobre nuestras comunidades.
La diabolización de las drogas y la criminalización de las personas que las utilizan impiden la puesta en marcha de respuestas constructivas a los retos asociados.
La nueva propuesta regulatoria que llega al Congreso tiene puntos favorables, como las cuotas de cultivo para ejidos, pero sigue sin abolir el delito de posesión simple, manteniendo sanciones administrativas altamente punitivas.
ONG urgen a las autoridades estatales a abandonar el modelo represivo y enfocar la respuesta desde una perspective de salud pública y derechos humanos.
