El negocio de la coca colapsa y asfixia a la Colombia rural

La coca, uno de los soportes de la economía rural en ciertos puntos de Colombia, está a punto del colapso. Pocos lo vieron venir. Y aún hay interrogantes para explicar bien el fenómeno. Pero el resultado parcial oscila entre el empobrecimiento colectivo y una crisis social aguda de buena parte de entre las 400.00 familias cocaleras, o conectadas al negocio, en departamentos de frontera como Nariño, Putumayo o Norte de Santander, entre otros. Los desplazamientos forzados en busca de mejor suerte, y la inseguridad alimentaria debido a la inflación en los precios, ha ido eclipsando de a poco el recuerdo de los años más boyantes.

El de la coca es un mercado poco amigo de las estadísticas claras. Pero se calcula que el precio promedio de una arroba (12.5 kilos) de hoja de coca ha caído más del 32% entre 2021 y 2023, de acuerdo con cifras recogidas en el departamento del Cauca, sobre la costa Pacífica, por el diario El Espectador. En el vecino y sureño departamento de Nariño, por su parte, si un kilo de pasta base, que es un estadio posterior en la transformación de la hoja en cocaína, costaba 975 dólares, hoy se vende en 240, según estimaciones del capítulo colombiano del centro de pensamiento e investigación International Crisis Group.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, explicó el jueves durante la instalación de una nueva legislatura en el Congreso, que las exportaciones de cocaína a Estados Unidos han disminuido en paralelo al aumento de la adicción del fentanilo, un potente opioide sintético que ha producido, en lo que va de siglo, más muertes que la guerra de Vietnam en el país del norte. Este cambio de marco, recordó Petro, es una oportunidad para acelerar de una vez por todas el transito de las regiones cocaleras, tradicionalmente marginadas, hacia la legalidad, e integrarlas a los circuitos de progreso que han experimentado otros territorios.

La analista Elizabeth Dickinson del International Crisis Group recuerda que, tras la desmovilización de la guerrilla marxista de las FARC, la economía cocalera quedó fugazmente huérfana. El papel de los insurgentes, que en 2017 dejaron las armas, ejercía un control asfixiante sobre el campesinado y sus cultivos. Muchos sembraron la totalidad de sus tierras con una hoja que si bien no los hizo ricos, sí arrojaba mejores beneficios que otros productos: “Eso explica la gravedad del problema. En el sur de Bolívar (en la costa Caribe), el negocio está paralizado hace seis meses. Los campesinos están bajando de la sierra, en un desplazamiento interno hacia las ciénagas, para vivir de la pesca”.