Acabar con el prohibicionismo: recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad de Colombia para narcotráfico

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Acabar con el prohibicionismo: recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad de Colombia para narcotráfico

6 julio 2022

“La Comisión concluyó que es tiempo de avanzar en un compromiso frente a la superación definitiva del prohibicionismo”, sentencia la Comisión de la Verdad frente a la política de lucha contra las drogas y el narcotráfico, en las recomendaciones sobre esta materia. Los lineamientos que esboza la entidad en ese documento reiteran lo que ya se ha dicho sobre el narcotráfico: hay que avanzar en el cambio de paradigma, del prohibicionismo a la regulación legal responsable.

Liderar el debate internacional hacia la regulación

La Comisión, de entrada, recomienda al Estado y a la sociedad hacer dos reconocimientos básicos: primero, que el narcotráfico “se ha convertido en un actor político” que no solo está imbricado en el conflicto armado y ha facilitado su persistencia, sino que ha penetrado la sociedad, la política, la economía y la cultura. Y dos, que el enfoque prohibicionista en la lucha contra las drogas no solo ha sido ineficaz para cumplir sus objetivos, sino que ha provocado el incremento en los niveles de violencia y ha generado impactos políticos, económicos, sociales y ambientales en los derechos de personas, comunidades y territorios.

Para llevar a cabo ese cambio sustancial en la política de drogas, la Comisión le recomienda al Estado “liderar y promover un debate internacional para la modificación del régimen global basado en la prohibición de las drogas y así avanzar hacia un régimen regulatorio”. Esto, por la legitimidad que tiene Colombia al ser uno de los países que más ha sufrido las consecuencias de la guerra contra las drogas.

Ese liderazgo en el debate debe estar apalancado en una estrategia de incidencia con organizaciones civiles nacionales e internacionales, con representantes de pueblos étnicos y campesinos, universidades y expertos. De hecho, es un compromiso que ya había quedado estipulado en el cuarto punto del Acuerdo Final de La Habana, pero que no se implementó.