Cómo la comunidad mundial de derechos humanos puede impulsar la reforma de la política de drogas

Por Ricky Gunawan / Programa Global de Políticas de Drogas de Open Society Foundations

En la reciente 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria publicó un estudio relacionado con las políticas de drogas. En este informe, el Grupo de Trabajo examina cómo las políticas punitivas en materia de drogas han dado lugar a un aumento grande y desproporcionado de la detención y el encarcelamiento por delitos relacionados con las drogas en todo el mundo. El Grupo de Trabajo observó además que la aplicación de la ley de drogas suele dirigirse a los pobres y a los grupos vulnerables, como las mujeres y los afrodescendientes. Pide también la despenalización del consumo de drogas y de la posesión, adquisición o cultivo de drogas para uso personal.

En la misma sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de la ONU publicó un informe fundamental que analiza el racismo sistémico contra africanos y afrodescendientes por parte de las fuerzas del orden en todo el mundo. Identifica que la realización de operaciones policiales especiales en el contexto de la guerra contra las drogas es uno de los motores de las muertes relacionadas con la policía que se han producido con mayor frecuencia. En este informe, la Alta Comisionada pide que se eliminen las leyes y prácticas que incentivan la discriminación racial en la aplicación de la ley, incluida la reforma de las leyes y políticas relacionadas con las drogas.

Estos informes son importantes y oportunos para los movimientos contemporáneos de derechos humanos y de reforma de las políticas de drogas, al menos por dos razones. En primer lugar, en tiempos de un despertar racial que debía haber pasado hace rato, afirman que la guerra contra las drogas es uno de los principales pilares que siguen sosteniendo una actuación policial racista y abusiva en todo el mundo. En Indonesia, en sus tres rondas de ejecuciones de 2015-2016, nueve de las dieciocho personas ejecutadas por delitos de drogas eran todas de nacionalidades africanas. Los afroestadounidenses tienen casi cuatro veces más probabilidades de ser detenidos por posesión de marihuana que los blancos, a pesar de que los índices de consumo son similares. De la lectura de los dos informes se deduce que los esfuerzos integrales para desarraigar la injusticia racial y la discriminación en la aplicación de la ley implican el desmantelamiento de las políticas de drogas punitivas que son histórica e intrínsecamente racistas.

En segundo lugar, se diagnostica que las políticas represivas en materia de drogas son una de las causas fundamentales del exceso de encarcelamiento y el hacinamiento, y se aboga por un cambio de políticas hacia alternativas al encarcelamiento. Las cárceles hacinadas y en malas condiciones pueden equivaler a un trato y castigo inhumano y degradante, o incluso a la tortura. Y, como revela la pandemia de la covid-19, los lugares con alta densidad y carentes de higiene y saneamiento adecuados, como las prisiones, tienen dificultades para hacer frente al brote. El sistema internacional de control de drogas, que se basa casi exclusivamente en la criminalización y el encarcelamiento, alimenta este fenómeno mundial de encarcelamientos masivos. En Tailandia, donde la tasa de hacinamiento es superior al 300%, al menos el 80% de la población penitenciaria lo es por delitos relacionados con las drogas. En Indonesia, con un nivel de ocupación de las cárceles superior al 200%, los delitos relacionados con las drogas ocupan el 50% de la población penitenciaria. Se podría haber evitado el encarcelamiento de millones de personas si se hubiera introducido la despenalización de ciertos delitos relacionados con las drogas.