Crisis en Colombia: La chispa es la erradicación

El pueblo de El Tarra fue una de las avanzadas armadas de la Colpet contra los Bari para construir el primer oleoducto a finales de los años 30. Hoy tiene unos 13.000 habitantes, 8.000 de los cuales viven en las veredas y cultivan maíz, fríjol y, por supuesto, coca.

En la calle principal el Ejército tiene un fuerte que apunta a la plaza. La gente ha pedido, con base en el DIH, que la fuerza salga de la población puesto que desde las garitas se ha disparado a la población civil con saldos trágicos. La Defensoría tiene informes detallados sobre estas arbitrariedades, que sin duda reposan en los archivos del SAT (Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo).

El Tarra ha sido uno de los epicentros de organizaciones campesinas que desde hace unos cinco años proponen la creación de una Zona de Reserva Campesina (ZRC), figura creada por la Ley 160 de 1994. La administración de Álvaro Uribe archivó la solicitud, mientras aumentaba la erradicación forzada de cultivos de coca por parte de grupos civiles vigilados por la Fuerza Pública, lo que no ha hecho más que trasladar los cultivos de la zona, al punto de que se siembra casi al mismo ritmo de la erradicación con efectos perversos sobre la conservación de la selva, que fue hace apenas unos años uno de los nacederos de aguas que aumentan el caudal del río Catatumbo.

Como en otras regiones, la erradicación forzosa, bien manual o bien por fumigación aérea, obliga a los campesinos a desplazarse y a dejar sus mejoras a los acreedores que las concentran como haciendas ganaderas. En Filo Gringo se ven los potreros ganaderos de un lado y los cultivos de coca, protegidos por la selva y entremezclados con cultivos legales. Sobraría decir que la región fue uno de los blancos de la invasión paramilitar protegida por la Fuerza Pública en 1999.

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