América Central pide regular el mercado de las drogas para detener la violencia

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América Central pide regular el mercado de las drogas para detener la violencia

11 diciembre 2012

Desangrados por el aumento de la criminalidad vinculada al narcotráfico, los países centroamericanos piden un nuevo enfoque para encarar la lucha contra las drogas. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, lanzó este año su propuesta de cambio. Estados vecinos, que comparten fronteras y problemas, empezaron a impulsar también esa iniciativa. Su intención es llegar a acuerdos internacionales para regular en forma oficial el mercado de estupefacientes.

Así lo reseñaron los representantes diplomáticos de Guatemala, Honduras y El Salvador acreditados en la Argentina, durante una jornada sobre narcotráfico y sociedad, en la Universidad de Palermo.

"De la prohibición hay que avanzar a la regulación", explicó Carlos Martínez, embajador de Guatemala. El diplomático argumentó que esa alternativa no será puesta en marcha unilateralmente por su país, sino que es un proyecto que se pone a la consideración de la comunidad internacional.

La exposición de estos embajadores fue durante el seminario coordinado por el magistrado Luis Losada, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y juez de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3.

"Estamos convencidos de que la estrategia del prohibicionismo no funcionó. Provocó mayor consumo, debilitamiento de las instituciones por corrupción y una fuerte amenaza al Estado por parte del crimen organizado", manifestó Martínez.

El embajador de Guatemala indicó que el 45 por ciento de los asesinatos en su país tienen que ver con las drogas. "La lucha no ha sido exitosa y no lo será de continuar de la misma forma", aseveró.

Confió Martínez en que la propuesta de su país sea consensuada en un mediano plazo y que apunta a tratar el mercado de drogas de acuerdo con la peligrosidad de cada sustancia. "Hay que avanzar hacia una regulación diferenciada por tipo de drogas, por los distintos efectos que provocan en la salud y en la generación de violencia."

La asociación de la violencia extrema del narcotráfico y sus delitos conexos estuvo presente en toda la charla. Los tres países se consideran víctimas de una guerra que no les pertenece realmente, al quedar encerrados, por su ubicación, entre los productores de drogas y el mercado mayor: los Estados Unidos.

"Fracasó la política prohibicionista", coincidió Carlos Ghiringhello, primer secretario de la embajada de El Salvador.

Ghiringhello expuso las relaciones estrechas entre los traficantes de drogas y las maras, violentas pandillas juveniles que hicieron del crimen su forma de vida. "Las maras fueron transformadas por el narcotráfico en organizaciones de control territorial, venta al menudeo de drogas, cobro de protección a comerciantes y sicarios en conexión con los carteles mexicanos de drogas. Eso incrementó los niveles de violencia", explicó.

Informó que este año en su país se desarrolló una serie de negociaciones oficiales con jefes de las maras presos para detener las muertes. En marzo de 2012 la tasa de homicidios en Guatemala llegó a 60 cada 100.000 habitantes, con un registro de 13 muertes diarias.

"Se buscó un diálogo con los jefes de maras arrestados, se los pasó a cárceles de menor seguridad para que tengan contacto con sus seguidores. Al día siguiente de esas conversaciones sólo hubo dos homicidios y se pasó luego a un promedio diario de cinco muertes."

La gravedad de los problemas criminales llevó a los gobiernos de América Central a buscar alternativas. Con esa visión habló Juan José Cueva Membreño, embajador de Honduras: "Nosotros pagamos con muertos y en los Estados Unidos están los clientes".

Agregó: "Acompañamos la propuesta de Guatemala porque no somos productores de drogas, tenemos un porcentaje bajo de consumo y pagamos un precio muy alto".

Consideró Cueva Membreño que los países centroamericanos se vieron envueltos hace diez años en un conflicto de nuevas características con el aumento de la presión a los traficantes en Colombia, primero, y en México, después. La demanda ampliada en materia de seguridad tiene costos en vidas y dinero.

"Hacer frente a este peligro se lleva muchas reservas económicas. Y no podemos seguir en esta situación de desviar nuestros pocos recursos cuando no somos nosotros el mercado de ese consumo", concluyó.

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