La guerra de las drogas y el desarrollo alternativo
Revista Ideele, Nr. 212 - Octubre 2011, por Ibán de Rementería
Sobre la política antidrogas se ha hablado mucho en los últimos días.
Hubo una fuerte presión mediática y política para que el flamante zar antidroga peruano Ricardo Soberón sin antes haberlo dejado actuar. Se cuestionaba su discurso en contra de una política que lleva diez años de derrota y ineficacia. Este artículo nos da mayor claridad sobre tan controvertido tema.
Han pasado ya cuarenta años desde que el presidente Richard Nixon lanzó la guerra contra las drogas. Durante este tiempo Estados Unidos de América ha gastado un billón de dólares en dicha cruzada —un millón de millones—, con resultados negativos: las drogas son cada vez más baratas y de mejor calidad, el número de usuarios sigue creciendo con tendencia a estabilizarse, hay muchas veces más muertos por la “guerra de las drogas” que por su consumo, a mucho más personas mata el uso del tabaco y los automóviles que las drogas o el alcohol; además, la mayor parte del consumo de drogas ilícitas es de marihuana, algo así como los tres cuartos, sustancia que nunca ha matado a nadie.
Estos fracasos, no obstante, han llevado al extremo las medidas de control penal. Así, en EUA la mayor parte de la población está en las cárceles por infracciones a la ley de drogas. La pena de muerte se aplica aún en 32 países; en 12 es aplicable a los delitos por drogas, en China e Irán la mayor parte de los ejecutados son convictos por drogas.
Las autoridades rusas se han propuesto que los usuarios de drogas, o se someten a tratamiento, o van a la cárcel, y los proveedores de drogas serán sancionados como “asesinos en serie”.
La constatación del carácter claramente adverso de la guerra contra las drogas tanto para la salud pública y los derechos humanos como para la seguridad ciudadana, la seguridad de los Estados y las relaciones internacionales ha reunido a un conjunto de personalidades internacionales para conformar la Comisión Global de Política de Drogas, encabezadas por el ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan; los ex presidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo, de Brasil, Colombia y México, respectivamente; varios ex ministros de Estados Unidos, Francia, Suiza, Unión Europea, el primer ministro de Grecia, el premio Nobel peruano Vargas Llosa, así como decenas de importantes políticos, diplomáticos, científicos e intelectuales internacionales, a los cuales se ha unido el ex presidente de los EUA Jimmy Carter. Estas personalidades mundiales se han propuesto:
Terminar con la criminalización, la marginalización y la estigmatización de las personas que usan drogas pero que no hacen ningún daño a otros. Desafiar los conceptos erróneos comunes acerca de los mercados de drogas, el uso de drogas y la dependencia de drogas en lugar de reforzarlos.
Alentar a los gobiernos a que experimenten con modelos de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos.
Ofrecer servicios de salud y tratamiento a los que los necesiten […], incluyendo los tratamientos con metadona y buprenorfina, también programas de tratamiento asistido con heroína que han probado ser exitosos… Implementar programas de intercambio de jeringas y otras medidas de reducción de daños que han probado su efectividad
Respetar los derechos humanos de las personas que usan drogas. Abolir las prácticas abusivas llevadas a cabo en nombre del tratamiento que contravienen los principios y normas de derechos humanos o que eliminan el derecho a la autodeterminación
Aplicar en gran medida los mismos principios y políticas antes expuestos a las personas involucradas en los segmentos inferiores de los mercados ilegales de drogas, tales como campesinos, correos, y pequeños vendedores.
Finalmente, estas personalidades mundiales llama a “comenzar con la transformación del régimen mundial de prohibición de drogas. Reemplazar las políticas y las estrategias de drogas orientadas por la ideología y la conveniencia política, por políticas económicas responsables y estrategias basadas en la ciencia, la salud, la seguridad y los derechos humanos”. Es de acuerdo con esas reflexiones que se hacen las propuestas que a continuación se exponen.
Hay muchas veces más muertos por la “guerra de las drogas” que por su consumo, a mucho más personas mata el uso del tabaco y los automóviles que las drogas o el alcohol; además, la mayor parte del consumo de drogas ilícitas es de marihuana, algo así como los tres cuartos, sustancia que nunca ha matado a nadie.
El desarrollo alternativo
La hipótesis principal sobre los cultivos ilícitos y los conflictos que ellos generan establece que:
La violencia se origina en el costo de oportunidad entre el uso lícito e ilícito de los recursos naturales [tierra y clima de la región andino amazónica], así como del trabajo y el capital para ponerlos en valor; si la relación beneficio costo en uso lícito de esos recursos es positiva, aunque el uso ilícito de los mismos sea positiva y mayor que aquella, la represión legítima a estas actividades ilícitas no generará violencia; en cambio, si la relación beneficio costo del empleo de esos recursos en actividades lícitas es negativa y la relación beneficio costo de su empleo ilícito es positivo, la represión a estas actividades por legítima que sea necesariamente generará y generalizará la violencia.
El nuevo Gobierno del Perú, como lo ha hecho ya el de Bolivia, por su origen social y compromiso programático —indigenismo, socialismo, nacionalismo—, en el campo de la prevención y control de drogas deberá asumir necesariamente una política que no sea más de lo mismo, y, a la vez, convocar y contar con al menos la comprensión y cooperación internacional. En ese sentido, la creciente sensación internacional de fracaso ante las actuales políticas mundiales de control de drogas —“guerra de las droga”— ofrece a la región andino-amazónica una oportunidad para proponer un desarrollo alternativo a los cultivos ilícitos que se funde en comprender el tema de los mercados y proponer acciones concretas de comercialización nacional e internacional de la producción alternativa. Después viene la asistencia técnica, en obras públicas, en servicios básicos y sociales a las zonas afectadas por estos cultivos ilícitos.
Los mercados alternativos
Los mercados internos alternativos a los cultivos ilícitos son el arroz, la soya y el maíz, mientras que el mercado alternativo internacional está compuesto por café, cacao, té, achiote, etcétera. En ambos casos la selva alta del Perú, y de toda la región andino-amazónica, tiene ventajas comparativas en relación con otras producciones internas y competencia creciente para los productos tropicales de altura de la región andino-amazónica en los mercados internacionales.
En el Perú, la selva produce la mitad del arroz que se consume en el país; la importación no es significativa, y tiene ventajas comparativas crecientes con la costa. El país importa la mitad del maíz destinado a la nutrición animal, y la selva tiene ventajas comparativas con la costa. La soya es otro cultivo ventajoso en la selva y de creciente demanda nacional e internacional.
La participación de la región andino-amazónica en los mercados internacionales de los productos tropicales de altura —café, cacao, té, achiote, etcétera— es poco significativa; de ahí, entonces, que no sea difícil aumentar la producción significativamente sin alterar las actuales participaciones de los concurrentes en esos mercados internacionales.
La competencia entre cultivos ilícitos y lícitos
Según las Naciones Unidas (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes-JIFE), los cultivos de coca en el Perú llegaron a 65.000 hectáreas en este año, que producirían, para sus 54.000 cultivadores en precios de pasta de coca, unos US$176.995.000 al año. De acuerdo con las mismas Naciones Unidas (Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen-ONUDC), con la tercera parte de ese monto para un flujo de caja anual —unos US$60 millones— se podría financiar un fondo retornable para la adquisición de cultivos alternativos, cuya recuperación anual sería equivalente a la diferencia con el subsidio acordado a los productores que asuman el desarrollo alternativo; de la misma manera como todos los países desarrollados subsidian su agricultura. Ésa es la línea estratégica del desarrollo alternativo, porque, como bien dijo un campesino colombiano: “¿Sabe cuál es el único apoyo que tienen los campesinos? El del comprador de la base de coca. Ése es el único que viene por acá y trae plata”. No hay mejor asistencia técnica para los productores agrícolas que un mercado eficiente y justo; es decir, que compre oportunamente y pague al menos por los costos de producción.
Los pactos de sustitución de cultivos ilícitos
Los pactos locales de sustitución de cultivos ilícitos se podrían suscribir entre los colectivos locales y las autoridades competentes al establecerse el poder comprador alternativo, y se ejecutaría la sustitución efectiva de los cultivos ilícitos una vez que los lícitos entren en producción. En ese escenario, el papel del CORAH consistiría en realizar estos procedimientos finales.
Un buen ejemplo de sustitución de cultivos ilícitos es el caso del cacao, producción en la que el Perú tiene importantes ventajas comparativas. En nuestro país el cultivo del cacao es rentable a una productividad de 1.000 kilos por hectárea; hoy el precio de acopio está a 8 nuevos soles el kilo, equivalente a US$2.899 la TM, mientras que una hectárea de coca produce 3,5 kilos de pasta de coca —no hay propiamente un mercado de hojas de coca— a US$778 por kilo, para un beneficio de
US$2.723 por hectárea, lo que en tales condiciones hace competitivo el cacao con la coca.
La represión en las zonas de producción
La represión selectiva a ‘traqueteros’, acopiadores, firmas y sus guardias armadas, que demandan los derivados de los cultivos ilícitos, es una necesidad económica y política. En represión selectiva Ketín Vidal es el mayor experto, pues libró al Perú de un “guerra prolongada”.
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