Reunidos en la VI Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia las y los mandatarios de 34 países del hemisferio reconocieron el carácter multidimensional del fenómeno drogas y los desafíos que éste plantea. Conscientes de la existencia de un debate cada vez más intenso al respecto, en el que distintas voces expresan la necesidad de reformar las políticas actuales y explorar otras alternativas, las y los jefes de Estado y de Gobierno ahí reunidos aseguraron haber iniciado una “valiosa discusión sobre el problema mundial de las drogas [y haber coincidido] en la necesidad de analizar los resultados de la actual política en las Américas y de explorar nuevos enfoques para fortalecer esta lucha y ser más efectivos”. Para tal fin dieron un mandato a la OEA.

El Informe sobre el problema de las drogas en las Américas es el instrumento por el que se da cumplimiento a dicho acuerdo y se cumple con el mandato. Compuesto por dos reportes, a la vez distintos y complementarios, el informe realizó un amplio estudio técnico del consumo, producción, tránsito, comercio y dimensión del negocio de las drogas en el hemisferio, examinando al mismo tiempo las políticas públicas adoptadas para enfrentar los problemas, de salud pública, ilegalidad y violencia que suscitan, así como su impacto social y político en nuestras sociedades. A las conclusiones de este estudio se le denominó Informe Analítico. De manera complementaria se desarrolló también un Informe de Escenarios en el que no se muestra la realidad que es sino la que podría ser. Los escenarios, presentados como un conjunto de narrativas cuyo horizonte temporal va de 2013 a 2025, expresan cuatro posibles desarrollos de políticas diferenciadas que, sin ser mutuamente excluyentes, ponen el énfasis principal en áreas distintas como la seguridad, la reforma jurídica del sistema internacional de fiscalización de drogas, la reconstrucción del tejido social y el conflicto internacional.

El Informe Analítico constituye una síntesis de los seis estudios realizados en materia de salud, desarrollo, seguridad, producción, alternativas de regulación legal y lavado de activos.

A manera de conclusión el reporte urge a enfrentar el consumo de drogas con un enfoque de salud pública aceptando que la dependencia es una enfermedad y el usuario una víctima, no un delincuente o cómplice del narcotráfico. Adicionalmente, menciona la pertinencia de atacar esta arista del problema desde la promoción de estilos de vida saludables, el tratamiento, la despenalización del consumo y la no implementación de medidas restrictivas de libertad. El problema de las drogas debe ser abordado de manera diferenciada y flexible: dado que el problema de las drogas tiene manifestaciones e impactos diversos, enfrentarlo requiere de un enfoque múltiple, de una gran flexibilidad, de comprensión por realidades diferentes y del convencimiento de mantener la unidad en la diversidad.

“Una mayor flexibilidad podría llevar a aceptar la posibilidad de transformaciones de las legislaciones nacionales o de impulsar cambios en la legislación internacional: a) en el terreno de las legislaciones nacionales corresponde evaluar los signos y tendencias existentes, que se inclinan a que la producción, venta y consumo de la marihuana puedan ser despenalizados o legalizados "pues el informe no encuentra ningún apoyo significativo para la despenalización o legalización del tráfico de las demás drogas ilegales; b) en el plano de las convenciones de las Naciones Unidas, las transformaciones surgirán de la posibilidad que el actual sistema de control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas se flexibilice y permita que las partes exploren opciones en materia de política sobre drogas, que tengan en consideración conductas y tradiciones particulares de cada una de ellas”.

Suscríbase a las Alertas mensuales del IDPC para recibir información sobre cuestiones relacionadas con políticas sobre drogas.