Por Isabella Oliver y Josefina Salomón, WOLA

La primera vez que Patricia Tévez acudió a la fiscalía de Buenos Aires, Argentina, para exigir que el sistema hiciera algo para proteger a su marido, que estaba siendo torturado y violentado dentro de una prisión, se sintió perdida y sola. Con sus dos hijos pequeños a su lado, se quedó en la oficina sin apoyo y sin saber qué hacer a continuación. Lo que sí sabía es que si no hacía algo, su marido podría ser asesinado. Las autoridades le dijeron que todo estaba bien. 

Fue entonces cuando Patricia conoció a Andrea Casamento, la madre de un joven que había estado en una situación muy similar. Ella había recibido llamadas de su hijo, que estaba recluido en el Centro Penitenciario de Ezeiza, un departamento a 20 kilómetros al sur de la capital del país, diciendo que lo único que tenía era ropa interior, y que había pasado muchas horas sin comer. Le dijo que si no encontraba pronto una forma de salir de la cárcel, se quitaría la vida. 

Patricia recuerda bien esa sensación: “Nuestros familiares nos dicen ‘vete a la oficina del Defensor del Pueblo, di esto o aquello’, pero nos explican las cosas con palabras que no entendemos. Las familiares no somos abogados. Por eso las familiares no van, no preguntan y no reclaman sus derechos”. 

Andrea y Patricia se han enfrentado a la realidad de miles de mujeres cuyos familiares están en prisión: enfrentarse a un intrincado laberinto de instituciones, mecanismos y vulnerabilidades que violan sistemáticamente los derechos de sus seres queridos, así como los suyos propios.