Por Dejusticia

En una contundente carta dirigida al presidente de Colombia el 17 de diciembre de 2020, y que solo se hizo pública dos meses después, siete relatores especiales de las Naciones Unidas le piden a Iván Duque y al Congreso de la República que rechacen la intención de reactivar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) por los riesgos que tiene para los derechos humanos y el medio ambiente.

De acuerdo con los relatores —el de Sustancias Tóxicas, la de Afrodescendientes, el de Medio Ambiente, el de Derecho a la Alimentación, la de Derecho a la Salud, la de Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos y el de los Derechos de Pueblos Indígenas— la reanudación de este programa “atentaría contra el Acuerdo de Paz y contra lo dispuesto por la Corte Constitucional respecto a la jerarquía entre las estrategias para la erradicación de cultivos ilícitos”: la erradicación manual antes que cualquier otro método.

De igual forma, dijeron los relatores, preocupa que la decisión de volver a las fumigaciones se esté llevando a cabo “en un contexto de violencia sistemática contra los pueblos indígenas y afrocolombianos y las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan protegiendo el derecho a la salud y al medioambiente en el país”.