Por Isabel Pereira Arana y Luis Felipe Cruz Olivera / La Silla Vacía

El glifosato no ha escapado a los titulares este año. Pero, a pesar de que varios ministros de Defensa han anunciado que ‘ya están listos para fumigar’, que los aviones están a punto de despegar y que el glifosato es la solución para las masacres, lo cierto es que la fumigación aérea con glifosato no arrancó en el 2020. Y está empantanada para 2021.

El próximo sábado 19 de diciembre se llevará a cabo la Audiencia pública ambiental sobre el trámite de licencia para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (Pecig). La audiencia fue solicitada en marzo por cuatro organizaciones de la sociedad civil - Acción Técnica Social, Elementa, Viso Mutop, y Dejusticia -, y respaldada por la Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.

Dada la magnitud y alcance del tema del glifosato, consideramos que una audiencia pública era un mecanismo necesario previo a la toma de decisiones sobre la reanudación de la aspersión. Además, este proceso se enmarca en unas órdenes constitucionales que exigen participación reforzada de las comunidades que serían afectadas, lo que hacía más urgente un escenario de deliberación pública al respecto.

La audiencia de este sábado tiene implicaciones serias para la política de drogas y la política ambiental, y queremos señalar al menos las preocupaciones jurídicas de las decisiones que el Gobierno intenta adoptar mientras el país está en modo navidad.