Por Cosecha Roja / Teresa García Castro

En la mayoría de los países del continente, los delitos relacionados con drogas son la principal causa de encarcelamiento de mujeres. Las políticas represivas para librar la “guerra contra las drogas” afectan directamente a las mujeres.

Del 24 al 28 de agosto se realizó la 18va Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada por Intercambios Asociación Civil y orientada a repensar los modelos regulatorios y sus efectos en la salud, la seguridad y los derechos humanos. Las jornadas se dividieron en diez paneles, con conferencistas nacionales e internacionales, que trataron las políticas de drogas en relación a temas como feminismos, juventudes, educación y Covid-19, entre otros. En el panel “Las respuestas represivas: consecuencias de una reforma que nunca llega”, una de las conferencistas fue Teresa Garcia Castro, Asociada Principal de Programas de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), autora de esta columna que escribió para Cosecha Roja.


Entre 2000 y 2017, el encarcelamiento de mujeres aumentó un 53%, mientras que el de hombres un 19% a nivel mundial. En la mayoría de los países de América Latina, los delitos relacionados con las drogas son la principal causa de encarcelamiento de mujeres.

Estos datos se enmarcan en un contexto mayor: en América Latina y el Caribe, la población en prisión se incrementó en proporciones alarmantes. En las últimas dos décadas, la tasa de encarcelamiento se ha duplicado de 118.8 a 241 por cada 100 mil habitantes.

Durante casi medio siglo, el gobierno de los Estados Unidos ha alentado e intimidado a otros países para librar su “guerra contra las drogas” en todo el mundo. Este fenómeno es especialmente evidente en América Latina.

Las mujeres latinoamericanas han sido desproporcionadamente afectadas por estas políticas represivas. Por ejemplo, datos disponibles muestran que en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela los delitos relacionados con las drogas son los delitos más comunes para las mujeres privadas de la libertad, quienes, además, están sobrerrepresentadas en comparación con los hombres.

El aumento del encarcelamiento de mujeres refleja la vulnerabilidad específica de estas con respecto a la pobreza, la discriminación y la violencia basadas en el género. Generalmente, las mujeres encarceladas por delitos de drogas cometen ofensas no violentas, la mayoría no tienen antecedentes penales y presentan bajos niveles de reincidencia. Estas mujeres, usualmente, operan en el nivel más bajo del crimen organizado y, generalmente, están involucradas en el tráfico de pequeña escala, transporte de drogas dentro de un país o a través de fronteras, la introducción de drogas en las prisiones y el cultivo de plantas para ser procesadas como sustancias controladas. La mayoría vive en situaciones de pobreza y marginalización, tiene bajos niveles de educación, enfrenta mayores niveles de vulnerabilidad económica que los hombres, está desempleadas o subempleadas, son las principales cuidadoras de hijas, hijos y ancianos, a menudo son víctimas de violencia doméstica y algunas tienen problemas de salud mental y de uso de drogas.