Por Corina Giacomello y Giovanna Salazar / Animal Político

A partir de la emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 han surgido recomendaciones a nivel internacional, regional y nacional sobre acciones que se deberían tomar en distintos contextos de privación de la libertad, abogando, entre otras cosas, por la aplicación de medidas alternativas a la prisión, la excarcelación de ciertos perfiles de personas, y la liberación inmediata de personas detenidas de manera arbitraria. En este último caso no sólo estaríamos hablando de las personas que se encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios, sino también de personas que están en centros de tratamiento de “adicciones”.

En México, la mayoría de los centros de tratamiento de “adicciones” residenciales son privados; siendo, aquellos para personas con escasos recursos, comúnmente conocidos como “anexos”.

A partir, principalmente, de una investigación impulsada por EQUIS Justicia para las Mujeres enfocada en adolescentes y mujeres que usan drogas y que se encuentran en este tipo de centros -y cuyos avances han sido publicados en este espacio-, tenemos conocimiento de que la falta de acceso a servicios e insumos de salud básicos, el aislamiento forzoso e indefinido, los castigos corporales y psicológicos, la comida en malas condiciones, y el abuso sexual son algunas de las realidades que caracterizan la operación diaria y sistemática de estos centros, en un régimen de total impunidad.