De Gloria Rose Achá

Debido al estado de emergencia sanitaria por la Covid-19 en el país, el conflicto en las cárceles recrudeció. Para evitar la propagación del coronavirus en un sistema carcelario donde el hacinamiento y la precariedad pueden originar una catástrofe sanitaria, las cárceles fueron prácticamente selladas, no permitiéndose el ingreso de visitas ni de instituciones de apoyo.

Esta sería una medida efectiva si las personas privadas de libertad tuvieran los recursos para alimentarse, sustentar sus necesidades básicas y atender su salud. Las televisadas dotaciones de alimentos y de implementos de bioseguridad a algunas cárceles no alcanzan para cubrir las necesidades de alrededor de 18.100 personas privadas de libertad.

No es de extrañar que un grupo de reclusos de la cárcel de Palmasola, Santa Cruz, haya presentado ante los tribunales una acción popular contra la presidenta Áñez, ni que en la cárcel de San Pedro (Oruro) ya se haya registrado un motín.

El sistema carcelario es también el eslabón final de la implementación de la política de drogas. Los penales están poblados por una proporción de personas sin recursos que se involucraron en los niveles más subalternos del narcotráfico por necesidad económica, como las mujeres presas por transportar pocos kilos en sus cuerpos, para cubrir la manutención de sus hijos.

El enfoque punitivo de la política de lucha contra las drogas, que prioriza el castigo y no la atención en salud, mantiene también en las cárceles a una significativa proporción de personas con uso problemático de psicotrópicos, quienes en este momento han ingresado en abstinencia masiva.

Se trata de una seria problemática de salud mental que, sin embargo, no se visibiliza. Ellos y ellas no son simplemente consumidores de drogas, sino drogodependientes. La drogodependencia es considerada una enfermedad del cerebro y una compleja problemática biopsicosocial, donde está presente una dependencia física y una dependencia psicológica a la droga.

Los reclusos drogodependientes suelen estar privados de libertad por la venta de pocos gramos de sustancias (en el nivel del narcomenudeo) o el robo de espejos retrovisores y celulares, para sustentar su consumo. Además de la drogodependencia, suelen sufrir otros trastornos mentales derivados del abuso crónico de drogas, sin embargo, permanecen en el sistema penal, sin posibilidad de ser derivados al sistema de salud.

Esta población, en esta etapa de emergencia sanitaria, está enfrentando en forma masiva el síndrome de abstinencia, que es el conjunto de síntomas orgánicos y psíquicos que se producen, en la persona adicta o drogodependiente, cuando detiene el consumo de drogas.

Según la sustancia de la cual se es dependiente, los síntomas pueden variar desde los dolores corporales y convulsiones, hasta la ansiedad, la irritabilidad, las ideas paranoides y la psicosis aguda. Esta situación está agudizando el conflicto en los penales.

El Estado debe implementar con urgencia planes sociales y de salud, no sólo para sustituir las redes familiares y sociales que proveían a la población reclusa de su sustento diario, sino también para atender la problemática de salud mental de la población drogodependiente que requiere un tratamiento psiquiátrico y psicológico.

El decreto presidencial de indulto y amnistía es insuficiente, según versión oficial sólo beneficiará a unas 320 personas, lo cual no reducirá el conflicto en un sistema carcelario que está al borde de la explosión.