Con audiencias virtuales, jueces de control de garantías y de ejecución de penas tendrán la labor de, en el menor tiempo posible, enviar a prisión domiciliaria a entre 4.000 y 15.000 presos para reducir el hacinamiento de las cárceles, de cara a la pandemia de coronavirus.

Aunque falta afinar todos los detalles de la medida, que se oficializará mediante un decreto, desde la Judicatura hicieron un llamado para coordinar estas acciones, de modo que los poco más de 600 jueces de garantías y ejecución de penas que hay en el país puedan realizar miles de audiencias en poco tiempo sin que colapse el sistema.

En una carta de tres páginas, Diana Remolina, presidenta de la Judicatura, se dirigió a la Ministra de Justicia, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, el Procurador, y los directores del Inpec y de la Policía, para que coordinadamente se tomen las acciones que requiere esta excarcelación masiva.

Remolina ya puso sobre la mesa aspectos como analizar las posibilidades de organización, selección y priorización de solicitudes masivas de libertad, privilegiando medios virtuales y, en la medida de lo posible, sin que se requiera el traslado de ninguna de las partes.