Par Rebeca Nader López

En 1945, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se fundó con la misión principal de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y garantizar la vigencia de los derechos humanos. Sin embargo, hoy el lenguaje de la guerra sigue siendo parte del vocabulario coloquial de las naciones, desde el que han establecido sus políticas públicas en materias de drogas, que impactan a su vez en otras materias, tan trascendentes como la seguridad y la salud pública. Lo anterior, a costa del ideal del respeto irrestricto a los derechos humanos.  

Desde el marco internacional, la estrategia de control de drogas se sustenta en tres tratados de la ONU que establecen medidas de control con los fines de garantizar la disponibilidad de sustancias psicoactivas para fines médicos y científicos, e incluyen disposiciones generales sobre su tráfico y consumo. No obstante, la experiencia demuestra que dichas convenciones han sido interpretadas e implementadas primordialmente desde el enfoque del combate a todos los aspectos de la producción, posesión y tráfico de las sustancias psicoactivas.

Por su parte, de la esfera internacional también emana el régimen de derechos humanos consolidado como una suerte de sistema que pretende garantizar la no repetición de atrocidades a la dignidad humana tales como las ocurridas en las grandes guerras mundiales. El Sistema Internacional de Derechos Humanos, está compuesto por varios tratados y convenciones que descansan sobre las premisas básicas de que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia”. “Todos los seres humanos”; incluidas las personas usuarias de drogas.