Durante dos años y con datos de cinco juzgados de Garantía de Santiago y Viña del Mar, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central realizó un exhaustivo estudio sobre el tipo y cantidad de drogas incautadas por la Ley 20.000.

Como principales resultados se comprobó que la mayor parte de los detenidos por esta ley son portadores de pequeñas cantidades y que éstas son para el consumo personal y próximo en el tiempo y no tienen por finalidad transferirlas a un tercero.

También se estableció que si se instituyera legalmente para cada sustancia psicoactiva sometida a control penal el punto de corte o umbral que permitiera discernir y diferenciar entre la “pequeña cantidad para el uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo” y aquella que hace presumir la conducta de microtráfico, no sería necesario ni detener ni imputar a quienes porten o tengan esas pequeñas cantidades, por lo que se liberaría un gran cantidad de esfuerzos y recursos policiales, judiciales y penitenciarios.

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