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Por Diego García-Devis

Después de más de 50 años del actual régimen normativo internacional de drogas, diversas organizaciones han logrado movilizar a sectores de la sociedad civil en la búsqueda de una reforma al muy nocivo marco prohibicionista. Gracias a este incansable esfuerzo, es posible decir con certeza, que estas organizaciones pioneras en proponer la regulación del mercado de drogas en oposición a la supresión del mismo, han constituido un movimiento reformista, que busca el fin a la llamada ‘guerra contra las drogas’. Este movimiento conformado por organizaciones no gubernamentales, academia y diferentes tipos de activismo, viene recabando evidencia que demuestra los perversos efectos del actual régimen. Igualmente, viene haciendo recomendaciones de políticas públicas que promueven y protegen los derechos humanos de quienes se reconocen como los eslabones débiles de la cadena: usuarios y productores.

Sin duda, el movimiento reformista, ha sido muy eficaz en situar al usuario en el centro del debate y a la salud pública como el lente para observar sus necesidades. Sin embargo, no sobra recordarle al movimiento la necesidad de enfatizar y ampliar en mayor cuantía el conocimiento, la evidencia y el trabajo de protección y promoción de las poblaciones rurales y urbanas que dependen económicamente del cultivo de plantas declaradas ilícitas y la distribución, a pequeña escala, de sustancias sujetas a fiscalización. De igual forma, la agenda reformista deberá ver con detenimiento los entornos y condiciones que vulneran los derechos de poblaciones no usuarias, igualmente afectadas por el prohibicionismo y emplear el lente del desarrollo y seguridad humana para acercarse a su situación.

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