La sociedad salvadoreña está gravemente afectada por la violencia delincuencial y esta situación ha crecido con el paso del tiempo. Según estudios de percepción de años anteriores, la proporción de personas que declaran sentirse inseguras ha pasado del 38% en 2004, al 55.4% en 2009. El hecho de que más de la mitad de la población viva con miedo, es el resultado de muchos años soportando los daños provocados por la violencia y delincuencia que vivimos en nuestro país. Y la noticia más lamentable es que la mayoría de víctimas y un porcentaje bastante significativo de los victimarios, son jóvenes.

La actual exacerbación de la violencia en México y Centroamérica es una clara consecuencia de la “guerra contra las drogas” lo cual venimos planteando en reiteradas ocasiones, advirtiendo que la violencia puede reducirse con la regulación de las sustancias para que además el mercado negro deje de proporcionar sustancias altamente tóxicas y adictivas a las/os usuarias/os y se tenga la posibilidad del autocultivo para uso personal.

Considerando nuestras obligaciones de servicio a la población más vulnerada, la ASOCIACIÓN PAZ EN EL SALVADOR y la IGLESIA EVANGÉLICA PROTESTANTE DE EL SALVADOR, afirmamos que desconocer una dimensión esencial de la vida humana en Salud, Seguridad y Educación para Gobernar el país en la actualidad, es Negligencia Inexcusable.

Sabemos que la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (LRARD) Decreto No.153, ha resultado ser lesiva en la mayor parte de los casos, generando secuelas indeseables como la estigmatización laboral, familiar y educacional, además de las consecuencias físicas y psicológicas. Existe abundante evidencia científica acerca de la ineficacia de la política represiva en materia de control de drogas. La evidencia muestra que una política de control de drogas efectiva debe ser fundada en criterios de Salud Pública y de Derechos Humanos.

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