Un campesino arranca plantas de coca hoy, miércoles 15 de agosto de 2012, en San Miguel (Colombia) ubicado a 500 metros de Ecuador. EFE/MAURICIO DUEÑAS

Los acuerdos sobre el punto 4 de la agenda no son el fin de la “guerra contra las drogas” en Colombia, pero hay que reconocer que responden a las preguntas adecuadas.

Erradicación voluntaria, desarrollo rural integral, participación de las comunidades y no criminalización de los pequeños cultivadores, son algunas de las principales características de los acuerdos en materia de reducción y sustitución de cultivos ilícitos.

En Colombia parece haber un consenso sobre la necesidad de tratar el consumo de drogas como un asunto de salud pública y con enfoque de derechos humanos, en lugar de tratar a los consumidores como criminales y enviarlos a la cárcel. En consecuencia, en La Habana se acordó la creación de un sistema de prevención y atención al consumo de drogas, que parte de reconocer que la prevención no es un hecho aislado que se hace a partir de una campaña de comunicaciones o desde un programa del Estado sino que requiere un enfoque sistémico, en el que participen los diversos ámbitos de la sociedad.

Establecido que los pequeños cultivadores y los consumidores requieren una respuesta del Estado orientada a la garantía de derechos y el desarrollo de las comunidades, en La Habana también se acordó concentrar los esfuerzos del Estado en la lucha contra el crimen organizado y sus actividades delincuenciales. Como se lee en el borrador del acuerdo, “el propósito central es desarticular las organizaciones criminales comprometidas con este flagelo, incluyendo las redes dedicadas al lavado de activos”.

El acuerdo se propone una meta irrealizable: un país libre de drogas ilícitas. Este propósito guarda relación con las convenciones de Viena (el marco internacional de la política de drogas) pero no es realista.

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