Por Iban de Rementería

La convocatoria por el gobierno de la Presidenta Bachelet a las mesas para la revisión de la ley 20.000 de drogas, una interministerial y otra con la sociedad civil, junto con la publicación del Décimo Estudio sobre el Consumo de Drogas en la Población Escolar realizado por SENDA, han generado un debate en los medios de comunicación, marcadamente unívoco en expresar a quienes no quieren ningún cambio en la actual política de drogas.

El estudio sobre el consumo escolar en referencia señala, entre otras cosas, un aumento en más de 50% en el consumo anual de marihuana en los dos últimos años –de 19.5% al 30,6%- y de casi el triple en 10 años –era del 13.0% en  2003-, mientras que el consumo de cocaína y PBC se mantiene estable tanto en relación a la anterior medición, como en el decenio pasado. El consumo de tabaco también se mantiene estable, luego de haber disminuido a la mitad en el decenio; mientras que el consumo de alcohol igualmente se mantienen estable, pero con 63.0% de prevalencia anual, lo que es el doble del consumo de marihuana, 18 veces mayor que el de cocaína  y 27 veces el de PBC. El estudio de SENDA  señala, además, que la percepción de riesgo entre los escolares ha disminuido en un 56% – de 48% a 21%- tanto en los dos últimos años como en el decenio, lo que sería la explicación causal del aumento del consumo de marihuana. Asimismo, la disminución de la percepción de riesgo pretende ser atribuida al debate público sobre el cambio de política de drogas y de regularización de su consumo y provisión, una vieja tesis autoritaria de la Junta Internacional de Fiscalización de Drogas de las Naciones Unidas.

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