Dos proyectos paralelos han sido presentados por parlamentarios del Partido Istiqlal y Autenticidad y Modernidad (PAM) para exigir la legalización del cultivo con fines terapéuticos e industriales y solicitar la amnistía para los 48.000 agricultores que viven en semi-clandestinidad en el norte de Marruecos.

El Istiqlal propone que el cultivo de cannabis se limite a cinco regiones: Al Hoceima, Chefchaouen, Wazzan, Tetuán y Taounate y que una agencia estatal se haga cargo del control de la producción y comercialización.

El Reino de Marruecos, con un área total cultivada que se estima en 52.000 hectáreas, sigue siendo el principal productor mundial de cannabis, con más de 38.000 toneladas en 2012, muy por delante México (12.166 toneladas) y Afganistán (1.400 toneladas), según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD). Cifras que deben tomarse a la ligera, ya que desde 2005, los expertos de la ONUDD tienen vetadas las investigaciones en el Rif y los datos son los proporcionados por las autoridades marroquíes.

En Marruecos, el cultivo de cannabis está oficialmente prohibido, aunque un Real Decreto de 1917 lo tolera en la región de Ketama-Issaguen, bastión histórico bereber situado en las montañas del Rif. En esta región el cannabis se cultiva desde el siglo XV. Con la independencia de Marruecos en 1956, el rey Mohammed V, abuelo del actual gobernante, trató de prohibir también su cultivo, pero dio marcha atrás tras las revueltas en el Rif. Hoy en día, el cannabis es una de las principales fuentes de ingresos para los agricultores de la zona, que viven en una situación paradójica donde la producción no está totalmente ni prohibida ni legalizada.

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