El IDPC saluda la Resolución 60/26 como una afirmación histórica de la autoridad del Consejo para abordar las implicaciones en derechos humanos de la política de drogas, fortaleciendo el sistema de derechos humanos de la ONU y reforzando los llamamientos a favor de políticas de drogas basadas en la salud, los derechos y la evidencia a nivel mundial. Más información, en inglés, está disponible abajo.

On 8 October 2025, the UN Human Rights Council (HRC) adopted Resolution 60/26, ‘The human rights implications of drug policy’. The resolution – tabled by Colombia on behalf of a cross-regional Core Group composed of Albania, Brazil, Colombia, Greece, Guatemala, Portugal, Uruguay and Switzerland – was adopted without a vote, and supported by 35 co-sponsors.

The objective of the resolution was threefold: firstly, to assert the role of the HRC to engage in the human rights dimension of drug policy debates in its own right, instead of contributing to processes taking place in Vienna or New York; secondly, to strengthen the mandate of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in providing guidance and recommendations on how to better align drug policies with human rights instruments; and thirdly, to consolidate and expand human rights language in relation to drug policy.

In a way, all three objectives were achieved. This advocacy outlines and analyses the strategic importance of Resolution 60/26 and its implications for the future of drug policy.

El Consejo de Derechos Humanos reafirma su papel en la política de drogas

El Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas (la UNGASS, por sus siglas en inglés) de 2016 supuso un punto de inflexión en la política de drogas. Brindó una oportunidad única para reconsiderar el paradigma mundial sobre las drogas y trazar un nuevo rumbo. El proceso destacó por la participación sin precedentes de la sociedad civil, las comunidades, y las entidades y personas expertas en derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas.

La UNGASS situó la salud pública, los derechos humanos y a las comunidades más al centro de la formulación de las políticas de drogas. También allanó el camino para una mejor armonización del régimen de fiscalización de drogas de la ONU con el resto del sistema de las Naciones Unidas, y creó un valioso impulso para nuevos debates y actividades de promoción a nivel nacional. Sin embargo, la UNGASS no logró introducir una reforma genuina de las normas e instituciones del sistema internacional de fiscalización de drogas.

Este informe examina los avances logrados como resultado de la UNGASS de 2016, con el fin de determinar el papel del régimen mundial de fiscalización de drogas en la configuración de dicho cambio. Para ello, se basa en datos e informes de la ONU, investigaciones realizadas por entidades académicas, organizaciones de la sociedad civil y comunitarias, así como en una encuesta de la sociedad civil difundida entre entidades miembros del IDPC y otras aliadas.

El informe concluye con cuatro conclusiones de cara al futuro:

Las organizaciones de la sociedad civil y comunitarias desempeñan un papel fundamental en la política de drogas

, pero siguen estando marginadas, insuficientemente financiadas y se enfrentan a amenazas y ataques cada vez mayores.

Los tratados de fiscalización de drogas de la ONU necesitan una modernización urgente

 para adaptarse a las nuevas realidades y seguir siendo adecuados para su propósito.

Un sistema de fiscalización de drogas de la ONU orientado a los derechos humanos, la salud y el desarrollo

 requiere una reconfiguración profunda de la arquitectura de fiscalización de drogas, con una cooperación interinstitucional sólida y sistemática.

Existe una clara necesidad de celebrar debates periódicos sobre la política de drogas en la ONU

, pero la agenda y los métodos de trabajo de la Comisión de Estupefacientes deben cambiar.

Balance de la década de la UNGASS: limitaciones, logros y vías para la reforma

El día de hoy marcó un punto de inflexión en la política mundial sobre drogas con la aprobación de la 

 sobre “Las repercusiones de la política sobre drogas en los derechos humanos” por los miembros del Consejo de Derechos Humanos (CDH). Tras semanas de intensas negociaciones y meses de incidencia política por parte de la sociedad civil, se trata de una victoria muy reñida.

La resolución, presentada por Colombia en nombre de un grupo interregional, fue 

 y, hasta ahora, ha recibido el apoyo de 35 copatrocinadores¹. Esto refuerza el papel de los derechos humanos en los debates sobre políticas de drogas, precisamente al momento en el cual la comunidad internacional se está embarcando en una 

 del régimen mundial de fiscalización de drogas. El cambiante panorama geopolítico, con Estados Unidos llevando a cabo abiertamente ejecuciones extrajudiciales frente a las costas de Venezuela en nombre del control de drogas, hizo que la urgencia de esta iniciativa fuera más evidente que nunca para muchos en Ginebra.

El objetivo estratégico de la resolución era triple: en primer lugar, afirmar el papel del CDH para participar en los debates sobre políticas de drogas por derecho propio, en lugar de contribuir a los procesos que tienen lugar fuera de Ginebra; en segundo lugar, reforzar el mandato de la OACDH para proporcionar orientación y recomendaciones sobre cómo armonizar mejor las políticas sobre drogas con los instrumentos de derechos humanos; y, en tercer lugar, consolidar y ampliar el lenguaje de los derechos humanos en relación con la política de drogas.

En cierto modo, se lograron los tres objetivos.

Afirmar el papel del Consejo de Derechos Humanos en la política mundial sobre drogas

Esta es la cuarta resolución del CDH dedicada a la política sobre drogas y los derechos humanos. Las tres primeras, adoptadas en 

, tenían por objeto contribuir a procesos políticos sobre drogas que se estaban llevando a cabo en Nueva York (en torno a la UNGASS de 2016) y Viena (revisión de medio término de 2024). En esta ocasión, el objetivo era separar el rol del CDH de los procesos ajenos a Ginebra y afirmar el papel independiente del Consejo a la hora de abordar los efectos de la política en materia de drogas sobre los derechos humanos.

Por supuesto, la iniciativa se enfrentó a la resistencia de varios Estados miembros, que temían que pudiera socavar de alguna manera el régimen internacional de fiscalización de drogas y debilitar el papel de la CND y la UNODC. Países como Argelia, China, Cuba y Rusia hicieron declaraciones en este sentido al momento de aprobar la resolución. Y este fue uno de los argumentos clave de Singapur durante las reuniones informales. Cabe señalar aquí que, mientras Singapur cuestionaba la resolución en Ginebra, el país era criticado internacionalmente por la ejecución de otra persona condenada por un delito relacionado con las drogas.

El “Core Group” y sus aliados respondieron a este ataque. En su presentación de la resolución, el embajador de Colombia dejó claro que el objetivo de la resolución era, de hecho, 

entre el sistema de derechos humanos de la ONU y los organismos responsables de fiscalización de drogas en la ONU, garantizando una mayor sinergia en la política de drogas, a la luz de los abusos generalizados de los derechos humanos cometidos en nombre del control de drogas.

En ese sentido, el embajador mencionó específicamente los alarmantes ataques militares recientes (por parte de los Estados Unidos) en el mar Caribe como justificación para esta resolución, un acto que fue 

 como una violación flagrante del derecho a la vida por varios expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas. “Mantener este debate en el Consejo es fundamental”, continuó Colombia, “para apoyar a los Estados en el avance de su compromiso de diseñar y adoptar políticas de drogas más humanas, eficaces y respetuosas de los derechos de todas las personas”.

Los Estados miembros que apoyaban la resolución también fuero bien coordinados cuando el Consejo consideró la adopción de la resolución y las enmiendas propuestas. Albania, Bélgica, Bolivia, España, México, Rumanía, Suiza y la UE hicieron declaraciones contra las enmiendas de Rusia y/o a favor de la resolución. Y aunque los países africanos permanecieron silenciosos en su mayoría durante el proceso, Etiopía hizo una intervención positiva, alineándose con “las aspiraciones de esta resolución de garantizar que las políticas de drogas se diseñen y apliquen de manera que se respeten los derechos humanos, la salud pública, la dignidad, la igualdad y la no discriminación”.

Al final, la resolución incluyó dos párrafos operativos clave: uno en el que se alentó a todos los mecanismos pertinentes del CDH, al ACNUDH y al resto del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas a que “sigan transmitiendo a la Comisión de Estupefacientes, por los cauces apropiados, su contribución al examen de las repercusiones de las políticas en materia de drogas en los derechos humanos”, y otro en el que se decidía “seguir ocupándose de la cuestión”.

Esto es el reconocimiento más firme hasta la fecha del papel del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas en la política sobre drogas, y un compromiso inequívoco a que participe de forma más sistemática en los debates.

Reconocer el papel de la OACDH en los debates sobre políticas de drogas

El segundo objetivo de la resolución era otorgar un mandato permanente a la OACDH para la elaboración de informes periódicos sobre aspectos específicos de las políticas en materia de drogas, con el fin de garantizar que la OACDH pueda analizar periódicamente las repercusiones de las diversas facetas de las políticas de drogas en los derechos humanos, destacar ejemplos de buenas prácticas y proporcionar orientaciones sobre políticas de drogas orientadas hacia los derechos.

Esto fue un tema muy polémico durante las negociaciones, ya que países como Arabia Saudita, Argelia, Egipto, Irak, Perú, Rusia y Singapur rechazaron enérgicamente la periodicidad de los informes de la OACDH. Al final, la versión revisada de L.31 solo mantuvo la redacción de un informe de la OACDH, centrado en las repercusiones de las políticas sobre drogas en los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Dicho esto, y en marcado contraste con resoluciones anteriores, ningún Estado se opuso a que la OACDH elaborara un nuevo informe sobre las repercusiones de las políticas de drogas en los derechos humanos, ni a la organización de una mesa redonda en el Consejo. En años anteriores, esa propuesta había encontrado una oposición significativa por parte de un grupo pequeño pero ruidoso de Estados Miembros, lo que había dado lugar a la presentación de enmiendas para suprimir la solicitud. Este nuevo avance es, en sí mismo, una victoria. Demuestra que la labor sostenida de la OACDH en cuestiones de política de drogas y su presencia en la CND y en otros foros gozan ahora de una aceptación mucho más amplia que nunca.

El hecho de que la resolución se haya adoptado por consenso es un reflejo de ello. Curiosamente, solo un grupo pequeño de Estados Miembros, entre ellos China, Kuwait y Sudán, decidieron “desvincularse” del contenido de esta resolución en esta ocasión, en particular en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con las mujeres y la pena de muerte en el caso de Sudán. Argelia y Cuba, por su parte, expresaron su preocupación por la resolución y sus planes de restringir su interpretación y aplicación de conformidad con sus propias legislaciones nacionales.

Consolidar el lenguaje de derechos humanos en políticas sobre drogas

En cuanto al contenido, la resolución no solo consolida los 

, sino que también los consolida, ampliando el alcance e impulsando una visión más amplia e inclusiva de cómo las políticas en materia de drogas se entrecruzan con los derechos humanos.

la resolución mantiene todos los avances significativos logrados en 2023

 en lo que respecta a los compromisos de poner fin a la discriminación racial en las leyes y prácticas sobre drogas y de proteger los derechos de los Pueblos Indígenas a sus medicinas y prácticas sanitarias tradicionales. Cabe destacar que ninguno de estos elementos fue cuestionado durante las negociaciones. Esto pone de relieve el valor añadido del sistema de derechos humanos en comparación con la CND, donde nunca se han abordado cuestiones como la discriminación racial y los derechos de los indígenas siguen siendo muy controvertidos.

El término “reducción de daños”, que apareció por primera vez en la resolución del CDH de 2023 sobre drogas, no solo se mantuvo, sino que se amplió de un párrafo a tres. La propuesta rusa (

) de eliminar el término fue rechazada con 25 votos en contra, 10 a favor y 12 abstenciones. En comparación, en 2023 hubo 23 votos en contra, 13 a favor y 12 abstenciones. Pequeños cambios hacia la normalización del enfoque de reducción de daños, que en la práctica cuenta con el apoyo de 108 países de todo el mundo.

Además de mantener intacto el lenguaje de 2023, los cambios más importantes de 2025 son los siguientes:

Afirmar el liderazgo del Consejo de Derechos Humanos en materia de políticas sobre drogas. 

La justificación de la nueva resolución se expone en los párrafos 15, 17 y 19 del preámbulo. En conjunto, transmiten un mensaje claro: el Consejo tiene el mandato de promover el respeto universal de los derechos humanos, y las políticas sobre drogas, dadas sus importantes implicaciones en materia de derechos humanos, entran de lleno en ese mandato. El párrafo 9, en particular, afirma que el CDH tiene la responsabilidad de promover el respeto universal de los derechos humanos y que debe promover la coordinación efectiva y la integración de los derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas. Esto sirve para recordar a Viena que el Consejo está dispuesto a asumir el liderazgo en la dimensión de derechos humanos de las políticas sobre drogas.

Reconocer el papel de la OACDH y los mecanismos de derechos humanos

. En los últimos años, la OACDH y los mecanismos de derechos humanos han llevado a cabo una labor pionera en materia de política sobre drogas, abordando cuestiones como la 

. Sin embargo, reconocer este trabajo en las resoluciones políticas ha sido durante mucho tiempo extremadamente difícil, ya que algunos Estados Miembros temen que pueda socavar el mandato de la UNODC. Sin embargo, en esta resolución se alienta explícitamente la cooperación entre la OACDH y la UNODC como medio para mejorar la coherencia en todo el sistema. La resolución también insta a los mecanismos de derechos humanos a que sigan examinando las repercusiones de la política de drogas en los derechos humanos. El siguiente paso será que la CND reconozca la importante labor realizada por las entidades de las Naciones Unidas con mandatos en materia de derechos humanos fuera de Viena, un avance que debería haberse producido hace tiempo.

Una comprensión más amplia y diversa de los derechos humanos

. En esta ocasión, la resolución fue presentada por Colombia y supuso una oportunidad para integrar cuestiones sustantivas de derechos humanos que son especialmente relevantes para los países productores, en su mayoría del Sur Global. El mejor ejemplo de ello es la inclusión, por primera vez, de una referencia al derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible en el diseño de las políticas sobre drogas, y un llamamiento a prevenir los efectos adversos sobre el medio ambiente no solo de la producción y el tráfico de drogas, sino también de las propias respuestas de las políticas sobre drogas. Esto se complementó con un lenguaje sobre el desarrollo alternativo y haciendo hincapié en la necesidad de respetar los usos tradicionales y tener en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas al abordar el cultivo. Ninguna de estas adiciones introduce un lenguaje nuevo en los textos de la CND, pero sí contribuyen a situar a las comunidades cultivadoras —una población históricamente ignorada en Ginebra— más firmemente en el centro de los debates sobre derechos humanos. Esperamos que los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas sigan este llamamiento.

. La resolución de 2023 había hecho hincapié en la contribución de la sociedad civil y las comunidades afectadas a todos los aspectos de la política de drogas. El texto de 2025 va un paso más allá al instar a los Estados miembros a “crear y mantener un entorno seguro y propicio para garantizar que puedan actuar sin obstáculos, inseguridad ni represalias” (OP 8). Esto es especialmente importante dada la represión que están sufriendo las organizaciones enfocadas en reducción de daños y reforma de políticas sobre drogas bajo el pretexto las leyes de “agentes extranjeros” y “propaganda sobre drogas”, especialmente en la región de Europa Central, Europa Oriental y Asia Central.

. En consonancia con la solicitud formulada al ACNUDH de que prepare un informe sobre las repercusiones de las políticas sobre drogas en las mujeres y las niñas, la resolución también introduce tres nuevos párrafos en el preámbulo sobre género. Al igual que en el caso de los nuevos párrafos sobre desarrollo alternativo, el lenguaje en sí mismo se inspira en gran medida en otros documentos de las Naciones Unidas y no presenta innovaciones sustantivas. En cambio, el avance en este sentido consiste en dar más peso al género en los debates sobre la dimensión de derechos humanos de la política de drogas.

Descartar el lenguaje estigmatizante y confuso de “un mundo libre de drogas”

. La resolución marca un cambio gradual que se aleja de la terminología confusa y estigmatizante que ha caracterizado durante mucho tiempo los textos de las Naciones Unidas. Por primera vez, adopta la formulación “personas que consumen drogas” en lugar de “personas con trastornos por consumo de drogas” en varios párrafos que abordan el derecho a la salud, el estigma y la marginación, y el VIH/SIDA, donde la referencia a los trastornos era simplemente inexacta. Este cambio ayuda a disipar las narrativas que confunden erróneamente a los dos grupos. En un avance crucial, esta es la primera resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre drogas que excluye el párrafo que históricamente ha comprometido a la comunidad internacional a lograr una “sociedad libre del abuso de drogas”. Este lenguaje ya se ha 

 de las dos últimas resoluciones “ómnibus” de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero sigue siendo un pilar fundamental de la CND. En 2023, este lenguaje fue excluido del borrador propuesto por el “Core Group”, pero se reintrodujo mediante una enmienda; en esta ocasión, no se propuso enmienda al texto. El objetivo de un mundo libre de drogas se ha utilizado durante décadas para justificar políticas que violan sistemáticamente los derechos humanos, por lo que ver cómo desaparece poco a poco de las resoluciones de la ONU es un avance muy positivo. La CND debería ser la siguiente.

¹ Albania, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Guatemala, Islandia, Kirguistán, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suiza, Tailandia, Reino Unido, Ucrania y Uruguay.

El Consejo de Derechos Humanos afirma su papel protagonista en la política de drogas en un momento de cambio global

As a Senior Advocacy and Research Associate, Adrià supports IDPC's UN human rights advocacy work. He previously was a Research & Advocacy Officer at IDPC from 2020 to 2024, working on research, advocacy, and civil society capacity building. He has also worked for Harm Reduction International, Amnesty International, and the European Parliament, always with a focus on international advocacy and human rights.

Como Consejero sénior de incidencia política e investigación, Adrià respalda el trabajo de incidencia política del IDPC en favor de los derechos humanos ante las Naciones Unidas. Anteriormente ocupó el cargo de Consejero de investigación e incidencia política en el IDPC entre 2020 y 2024, donde trabajó en los ámbitos de la investigación, la incidencia política y el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil. También trabajó para Harm Reduction International, Amnistía Internacional y el Parlamento Europeo, siempre en el ámbito de la incidencia política internacional y los derechos humanos.

En tant que Conseiller senior de plaidoyer et de recherche, Adrià soutient le travail de plaidoyer de l'IDPC en faveur des droits humains auprès des Nations unies. Il a précédemment occupé le poste de Chargé de recherche et de plaidoyer à l'IDPC de 2020 à 2024, où il a travaillé dans les domaines de la recherche, du plaidoyer et du renforcement des capacités de la société civile. Il a également travaillé pour Harm Reduction International, Amnesty International et le Parlement européen, toujours dans le domaine du plaidoyer international et des droits humains.

Adrià Cots Fernández

Consejero sénior de incidencia política e investigación

Traducciones

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