El IDPC destaca cómo la creciente implicación de las entidades de derechos humanos de la ONU en los debates sobre políticas de drogas ha allanado el camino para una mayor, aunque todavía insuficiente, consideración de la salud, los derechos humanos y el desarrollo.
Si no aborda seriamente violaciones de los derechos humanos y promueve la reparación, el Programa Conjunto de la ONU en Filipinas corre el riesgo de institucionalizar estos abusos.
El IDPC y Amnistía Internacional urgen al Relator Especial sobre Camboya y al Consejo de Derechos Humanos para que exhorten al gobierno de Camboya a que reduzcan significativamente la detención y el encarcelamiento arbitrarios, incluyendo una evaluación y modificación de políticas punitivas referidas a drogas.
Para reducir la violencia y daños infligidos por las fuerzas del orden contra personas que consumen drogas, los gobiernos deben comprometerse con la descriminalización, la reducción de daños y la eliminación del estigma.
Cuando se basa en un enfoque de salud y derechos humanos, la descriminalización brinda un marco legal propicio que promueve, protege y satisface el derecho a la salud de las personas que consumen drogas.
El IDPC, HRI y NoBox Filipinas urgen al Consejo y Estados Miembros a responder por el empeoramiento de condiciones de los derechos humanos en Filipinas en relación con la llamada “guerra contra las drogas” del gobierno.
El período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos se celebrará en septiembre. Se invita a las ONG a asistir y debatir una serie de temas relacionados con los derechos humanos en el África subsahariana y el sudeste asiático.
