Por Victoria Darraidou, Marina García Acevedo y Manuel Tufró

A partir de su asunción en diciembre de 2015, el gobierno de Cambiemos buscó imponer la idea de que el narcotráfico es el mayor problema que aqueja a la Argentina y lo convirtió en el eje de sus políti­cas de seguridad, desde el trabajo policial en los barrios hasta la geopo­lítica. Esta orientación no implicó un nivel destacable de coordinación entre esas distintas dimensiones, sino solo una coherencia retórica. La insistencia en involucrar a las fuerzas armadas fue el aspecto de las polí­ticas públicas de drogas que tuvo más atención. Sin embargo, en la prác­tica, la “guerra contra el narcotráfico” consistió en la detención a manos de las fuerzas de seguridad, de miles de personas sobre todo en barrios pobres y en las fronteras, y en el posterior encarcelamiento de un núme ro creciente de ellas.

Esta realidad no es una originalidad argentina. La cuestión del narco­tráfico ha sido un pretexto histórico para el control social y el espionaje político desde que Richard Nixon declaró la “guerra contra las drogas” en los Estados Unidos, a fines de la década de 19601. Ese eslogan de­ signa políticas caracterizadas por un prohibicionismo extremo y por el uso del sistema penal como herramienta de intervención casi exclusiva para lidiar con les pequeñes vendedores, consumidores y grandes tra­ficantes. En las décadas de 1980 y 1990, cuando las agencias militares estadounidenses desarrollaron la teoría de las “nuevas amenazas”, la idea de “guerra” adoptó un sentido más literal, sobre todo en América Latina. El nuevo postulado se ligó entonces a un despliegue de operaciones de tipo bélico, que se intentó justificar con la inclusión del tráfico de drogas en el grupo de las amenazas a la seguridad nacional. A pesar del evidente fracaso de estas políticas prohibicionistas2 y del gravísimo impacto en de­rechos humanos del paradigma bélico3, esa perspectiva ha sido predomi­nante en la Argentina. El gobierno de Cambiemos la transformó en uno de los pilares de su discurso público al punto de presentarla como una de sus (escasas) políticas exitosas. El logro de estas medidas es valuado además a partir de indicadores desacreditados a nivel mundial, como la cantidad de sustancias incautadas o el supuesto aumento del precio de las drogas4. Otro parámetro utilizado con insistencia es la cantidad de personas detenidas en los operativos, un incentivo perverso para que las fuerzas de seguridad, con la anuencia de las autoridades, inflen las cifras con la detención de quienes son más víctimas que victimarios. En la retó­rica, la “guerra contra las drogas” fue reemplazada por la “guerra contra el narcotráfico”, pero en la práctica aún se demonizan las sustancias y se persigue a quienes las utilizan. Este encuadre no establece distinciones entre narcotraficantes, microtraficantes o pequeñes vendedores y consumidores, y realiza una condena moral y en bloque de “la droga”, sin diferenciar entre sustancias y peligrosidades.

Cuando la política criminal no realiza estas distinciones, se malgastan recursos estatales en la persecución y encarcelamiento de miles de personas sin que se logre afectar el negocio. Y, lo que es aún más importante, se producen numerosas vulneraciones a los derechos de quienes tienen menos recursos. La “guerra contra el narcotráfico” aparece entonces como una encarnación de la selectividad penal, es decir, se vuelve una guerra contra les pobres y se convierte a la vez en el nuevo paraguas bajo el cual se toleran o promueven abusos policiales y judiciales.