Hoo Yew Wah, ciudadano malasio de etnia china, lleva en espera de ejecución en la cárcel de Bentong, estado de Pahang, desde 2011. Detenido en 2005, cuando tenía 20 años, por posesión de 188,35 gramos de metanfetamina, fue declarado culpable en función de una declaración que había hecho en el momento de la detención en mandarín, su lengua materna, sin haber un abogado presente, y que la policía había escrito en malayo. Más tarde impugnó su declaración ante el tribunal, señalando inexactitudes y añadiendo que la policía lo había torturado rompiéndole el dedo durante el interrogatorio y había amenazado con golpear a su novia para obligarlo a firmar. Cuando el juez desestimó sus denuncias sin investigarlas, automáticamente se presumió la culpabilidad de Hoo Yew Wah por el cargo de tráfico de drogas y se lo condenó a muerte, dado que es la única pena posible para este delito. Los recursos judiciales que interpuso no prosperaron y su petición de indulto lleva pendiente desde 2014. Como todas las demás personas condenadas a muerte, no corre peligro inminente de ejecución, porque el gobierno declaró una suspensión de las ejecuciones en todo el país en julio de 2018; pero su situación sigue siendo incierta.

El caso de Hoo Yew Wah ilustra las numerosas violaciones del derecho y las normas internacionales de derechos humanos que se cometen en relación con el uso de la pena de muerte en Malasia, documentadas en este informe. Entre ellas figuran: falta de asistencia jurídica adecuada y oportuna; tortura y otros malos tratos durante los interrogatorios policiales; uso de declaraciones o información obtenida en ausencia de representación letrada; presunción de culpabilidad en los casos de tráfico de drogas; procesos opacos de indulto, y amplio uso de la pena de muerte por actos que no cumplen el criterio de “los más graves delitos”, u homicidio intencional, a los que debe limitarse esta pena según el derecho internacional.

La magnitud del problema es considerable. De las 1.281 personas condenadas a muerte que, según informes, había en Malasia en febrero de 2019, 568 (el 44 %) eran extranjeras. El 73 % del total habían sido declaradas culpables de tráfico de drogas. Este dato se eleva a un escalofriante 95 % en el caso de las DEFECTOS MORTALES POR QUÉ MALASIA DEBE ABOLIR LA PENA DE MUERTE Amnistía Internacional 4 mujeres. El porcentaje de miembros de ciertas minorías étnicas condenados a muerte es desproporcionado, y la información disponible, muy limitada, indica que buena parte de las personas en espera de ejecución pertenecen a entornos socioeconómicos desfavorecidos.