Categorias, patrones y determinantes en los asesinatos y amenazas a líderes sociales
By Camilo González Posso,
La persistencia de amenazas y asesinatos de líderes sociales en los primeros meses del 2018 está alarmando a toda la sociedad colombiana y a la comunidad internacional y obliga a revisar la información disponible, los análisis y las respuestas que se vienen dando. INDEPAZ ha registrado 56 asesinatos en los primeros tres meses del año con una alta proporción de campesinos líderes de juntas de acción comunal y líderes de pueblos indígenas y de comunidades negras. Entre los asesinados en 2018 se encuentran 11 personas que estaban promoviendo la sustitución de cultivos de coca en los pactos con el gobierno o frente a operaciones de erradicación forzada; además la cifra de homicidios de excombatientes de las FARC o familiares de quienes entraron en el pacto de paz ya asciende a 71 personas, 19 de ellas asesinadas entre enero y marzo de 2018. Las alertas se han activado para evitar que siga el espiral de violencia que se ha escalado en 89 municipios en donde en 2017 asesinaron a 173 lideresas y líderes y en 2016 a 134.
La disparidad de cifras publicadas a lo largo de un año sigue siendo fuente de confusión y síntoma de la incapacidad de diálogo entre organizaciones de la sociedad civil y de ellas con las instituciones del Estado para unificar definiciones, categorías y evaluar las diferencias en diagnósticos y formulación de estrategias de respuesta.
La insuficiencia de las medidas adoptadas por el Estado para garantizar la vida de líderes y de excombatientes incorporados a la vida legal ha motivado un duro pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación en el cual exige diligencia y eficacia en las medidas preventivas y de protección. “El sistema de protección de lideres sociales fracaso”, dijo el Procurador el pasado 20 de marzo al rechazar nuevos asesinatos de lideres en Tumaco. “Es inaudito e inadmisible que una población como Tumaco, que fue militarizada para supuestamente garantizar la seguridad de la comunidad, la muerte de los líderes no se detenga. Exhortó a las autoridades locales y regionales a asumir compromisos en la defensa de la vida de los líderes sociales”, dijo Carrillo.
Con anterioridad la misma Procuraduría rechazó afirmaciones del Ministro de Defensa por minimizar el sentido e impacto de los asesinatos denunciados por organizaciones de derechos humanos al decir que lo dominante son los conflictos personales entre líderes y lanzando la ya celebre afirmación que la “inmensa mayoría de muertes de líderes sociales se deben a peleas de vecinos, faldas y por rentas ilícitas”.
En medio de esa controversia Richard Moreno, Procurador Delegado para Asuntos Indígenas, respondió diciendo que “eso para la Procuraduría es inadmisible, es inaceptable”. “Hemos requerido a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen al señor ministro, en torno a que presente las pruebas sobre las cuales manifiesta su declaración”. “Esa es una forma de justificar la muerte de nuestros líderes, pero además darles rienda suelta a que los sigan asesinando y no hay responsabilidad de ningún tipo de actor ni sector, que lo están haciendo porque están buscando la muerte por líos de faldas”, manifestó el delegado del Ministerio Público.