El Informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE o Junta) correspondiente a 2015 está marcado, del mismo modo que el debate internacional sobre las políticas de drogas en general, por lo que era la inminente celebración de la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU (UNGASS) sobre el problema mundial de las drogas, en abril de 2016. En el Informe aparecen algunos temas clave, como la abolición de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas, la defensa de los tratados de fiscalización internacional de drogas y la disponibilidad de sustancias sometidas a fiscalización para fines médicos y científicos. Esto se podría resumir en lo que el Presidente define en el Prefacio como “la política idónea en materia de drogas”.

Como ocurre cada vez más a menudo, el Informe aporta mucha información sobre el panorama contemporáneo de las drogas a escala mundial. Además, esta información va acompañada de una reducción en los contenidos políticos explícitos, una tendencia que está yendo al alza en los últimos años. Antes de que apareciera esta tendencia, los Informes anuales solían estar repletos de ejemplos en los que la Junta se extralimitaba en su mandato. A pesar de ello, persisten algunas deficiencias, y la Junta sigue sin presentar sus observaciones o formular recomendaciones sobre algunas cuestiones clave con respecto a las que debería pronunciarse, ya que se encuentran claramente dentro del ámbito de sus competencias. Uno de los casos más obvios es que no se critique el hecho de que Rusia no suministre terapia de sustitución de opioides (TSO). Por otro lado, aunque cabe acoger con satisfacción que la JIFE muestre su apoyo a los principios de los derechos humanos, en muchas ocasiones este se expresa con unos términos vagos. Se observa así una reticencia a denunciar las violaciones de los derechos humanos, aunque la crítica explícita que se emitió en 2016 con respecto a la ‘guerra contra las drogas’ en Filipinas representa una excepción prometedora.

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