Drugreporter y el INPUD documentan cómo las personas que consumen drogas en todo el mundo se han organizado para proteger y defender los derechos de su comunidad.
Unas 3,000 personas en todo el mundo, como en el caso de Merri Utami en Indonesia, están a la espera de ejecuciones ordenadas por el Estado por delitos relacionados con drogas.
El impacto de la pandemia del COVID-19 en las mujeres trans privadas de la libertad ha sido desproporcionado comparado con otros grupos, en particular, por las diversas interseccionalidades que atraviesan sus vidas.
LANPUD y otras redes de poblaciones clave instan a la comunidad internacional a garantizar el acceso a los servicios de salud, la calidad de la atención y el acceso a los medicamentos.
Además del autocultivo, el proyecto de texto autorizará la venta en farmacias, el cultivo y la producción pública y ampliará las patologías que pueden tratarse con cannabis.
El tribunal determinó que mientras no haya garantías reales de participación efectiva de las comunidades en las consultas previas requeridas para el otorgamiento de la licencia ambiental a las aspersiones, ese trámite deberá suspenderse.
Dado que en la actualidad se aplica un enfoque de salud pública para hacer frente a la pandemia, la falta de una reducción efectiva de los daños para las personas que consumen drogas es evidente.
Esos ataques contra los centros de tratamiento se han producido repetidamente en México y han sido recibidos con indiferencia social y abandono institucional.
