Si bien la nueva política es enfática sobre la protección de los derechos humanos y la inclusión de algunas comunidades marginadas, su capacidad de transformación dependerá de cómo se implemente.
Representantes de pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes de Bolivia, Colombia y Perú discutieron las contradicciones entre la política de drogas punitiva y los derechos económicos, sociales y culturales.
El TNI traza la historia y el estado actual de los esfuerzos de Bolivia para poner fin a la persecución de la hoja de coca, tal y como actualmente se recoge en los tratados mundiales de control de drogas.
Los retos de la acción policial, la ambigüedad en cuanto a políticas regulatorias, y la falta de infraestructura para medir el consumo beneficioso, obstaculizan la exploración del cannabis en relación con sus propiedades medicinales.
En la mayoría de países en América Latina, los delitos relacionados con drogas son la principal causa para encarcelamiento de las mujeres, con devastadoras consecuencias para su salud mental, física y reproductiva, y la de sus seres queridos.
WHRIN destaca su reciente trabajo sobre el tema tan poco estudiado del consumo de drogas y la madurez, visto a través de la lente de las mujeres que consumen drogas.
Al revisar los efectos de la regulación del cannabis, el gobierno debe garantizar la participación en la industria de esta sustancia de los pueblos indígenas y grupos racializados que históricamente figuran quienes más pierden en la "guerra contra las drogas".
Un reciente estudio elaborado en California desmiente el mito de que el consumo de drogas es el factor principal que impulsa que la gente se quede sin hogar; el estudio plantea eliminar la criminalización y estigmatización del consumo de drogas para facilitar el acceso a una vivienda segura y estable a personas sin hogar.
Aunque ofrecen una vía para la no criminalización de la primera y segunda intervención en delitos de posesión de drogas, las elevadas multas conllevan el riesgo de perpetuar el involucramiento de las personas que usan drogas en el sistema legal penal, particularmente las más vulnerables.
Los participantes declararon haber mejorado su salud y sus expectativas de vida, incluyendo la dependencia de las drogas callejeras, interacciones dañinas con la policía y exposición a la violencia.
La declaración subraya que los Estados que mantienen la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas contravienen inequívocamente el derecho internacional.
