Los horrores de la “guerra contra las drogas” han provocado discusiones incipientes pero cada vez mayores sobre la necesidad de superar la destructiva herencia colonial de la prohibición.
Equipos seguros para fumar reducirían la transmisión de enfermedades, incrementarían la participación en servicios de salud mental y consumo de sustancias, y generarían compenetración y confianza con las personas que consumen drogas.
Más de 16,000 personas han recibido hasta el momento acceso a apoyo por parte de pares, reducción de daño, tratamiento basado en evidencias, vivienda y apoyo para obtener empleo.
Desde el 2015, la tasa de muertes por sobredosis de drogas entre hombres negros se ha triplicado con creces; ello constituye una denuncia contra la respuesta del país a la crisis en ciernes.
Campesinado cocalero interpone denuncia ante el Consejo de Estado por incumplimiento del gobierno al acuerdo de apoyo a proyectos productivos post-erradicación voluntaria.
El incremento de la población carcelaria femenina a partir de la guerra contra las drogas refleja la dinámica de criminalización de mujeres derivada de políticas prohibicionistas y punitivistas.
Luego de revisar cuatro tutelas de organizaciones sociales y campesinas, el Alto Tribunal concluyó que el proceso para debatir el Plan de Manejo Ambiental con el que se retomaría la actividad violó el derecho a la participación. El Gobierno debe reanudar los trámites.
El Vice-Primer Ministro y Ministro de Salud Pública de Tailandia ha prometido que el cannabis, así como el cáñamo, serán retirados de la lista de sustancias estupefacientes el próximo año.
