Aunque el país mantiene la pena de muerte obligatoria para delitos de provisión de drogas que involucran más de 200 gramos de sustancia, el gobierno viene explorando aplicaciones médicas.
Pese a la cambiante retórica del gobierno central, quienes propugnan la reducción de daños en áreas rurales de los EE.UU. enfrentan intensas reacciones negativas de tipo político, legal y social.
Activistas por la reducción de daños creen que se necesita una mayor inversión en preparativos ante potenciales cambios repentinos en el consumo de opioides.
El programa involucra a 370 personas adultas que consumen cannabis en Basilea, quienes podrán obtener productos de cannabis en farmacias y cuyos patrones de consumo y salud serán monitoreados.
Pese a un difundido respaldo público hacia espacios para consumo seguro de drogas, el gobierno viene retrasando una urgente reforma de políticas referidas a drogas.
Especialmente en un contexto donde niñes y familias carecen de acceso a necesidades básicas, resultan desatinadas las invocaciones para una mayor inversión en una policía militarizada.
Las lógicas de exclusión en controles fronterizos del Norte Global reflejan las violentas desigualdades estructurales que exponen desproporcionadamente a comunidades racializadas y marginalizadas a la pandemia del VIH.
De implementarse, las propuestas del gobierno británico empeorarían los resultados en términos de salud y vida para quienes ya cargan el peso del patrullaje referido a drogas: comunidades racializadas y de otro modo marginalizadas.
La determinación obligatoria de la pena de muerte y su uso en casos de delitos relacionados con drogas se contraponen a leyes y estándares internacionales de derechos humanos.
Las enmiendas propuestas a la legislación sobre drogas del país reducirían las sanciones por posesión de drogas y ofrecerían alternativas al encarcelamiento.
Campañas de represión, arrestos, encarcelamiento y abusos extrajudiciales están vinculados con resultados negativos de salud para las mujeres y mayor riesgo de sobredosis.
