La propuesta legislativa en Argentina tiene como objetivo reducir la reincidencia de las mujeres que han sido encarceladas abordando las debilitantes dificultades que experimentan para encontrar un empleo y una vivienda estables debido al estigma.
Contrariamente al régimen de prohibición, el cual favorece productos de mayor potencia en aras de maximizar las ganancias, la regulación legal puede asegurar un cuidadoso equilibrio para proteger la salud pública.
Las políticas punitivas referidas a drogas, sumadas al persistente estigma, aumentan los riesgos relacionados con las drogas y los obstáculos en el acceso a los servicios sanitarios y para reducción de daños.
No reconocer las tensiones de la propuesta con las convenciones internacionales sobre drogas y la legislación de la UE, supone un tremendo riesgo legal y estratégico.
Activistas confían en que la abolición de la pena de muerte obligatoria para delitos relacionados con drogas sea el primer paso para abordar el impacto destructivo de la “guerra contra las drogas”
La Coalición Americana de Políticas de Drogas (CAPD) intervino para pedir retomar un debate continental amplio e inclusivo para transitar de la represión a una perspectiva basada en salud y derechos.
Pese a compromisos internacionales para garantizar el acceso a la reducción de daños, menos del 1% de quienes se inyectan drogas viven en países que muestran los niveles de cobertura del paquete básico de intervenciones recomendadas por la ONU.
Los estándares de participación y monitoreo del sistema de control social, así como sus consecuencias positivas, ofrecen aprendizajes para la regulación de los mercados de la coca y el cannabis.
El aumento de muertes y la inacción del gobierno han provocado que activistas creen clubes de compasión, distribuyendo drogas gratuitas y verificadas a los consumidores.
