Si no aborda seriamente violaciones de los derechos humanos y promueve la reparación, el Programa Conjunto de la ONU en Filipinas corre el riesgo de institucionalizar estos abusos.
La reforma, que entrará en vigencia en 12 meses, reemplazará las acusaciones penales con una multa que puede ser condonada a cambio de la asistencia a un programa de derivación.
La propuesta de ley otorgaría a las autoridades amplias facultades para detener u torturar de manera arbitraria a quienes consumen drogas y casi a cualquier persona.
Aunque el gobierno colombiano deberá andar con mucho cuidado, cuenta con amplio margen para efectuar cambios sin provocar una reacción violenta por parte de Washington.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales instó a Guatemala y a Italia a adecuar sus políticas de drogas a las normas internacionales de derechos humanos, inclusive en relación con la descriminalización del uso de drogas.
Activistas recibieron con satisfacción la medida al tiempo que instaron al gobierno a aprobar leyes que pongan fin a la prohibición federal del cannabis y eliminen los antecedentes penales.
El caso y las sentencias tienen lugar en respuesta a sentencias para cuatro menores enviados a un programa de derivación con internamiento obligatorio, después de aplicarles pruebas de drogas en la escuela.
Tras años de retrasos, el gobierno de NSW responde a solicitud de información de Howard, expandiendo la derivación pre-judicial para delitos relacionados con posesión, pero la ausencia de descriminalización supone el riesgo de perpetuar la asignación de sentencias desproporcionadas a personas indígenas y otras comunidades marginalizadas.
Los espacios para consumo seguro de drogas adecuadamente financiados, con un claro marco legal que les permita operar, muestran los beneficios de esta intervención para la reducción de daños particularmente para comunidades tremendamente marginalizadas.
