Las políticas punitivas referidas a drogas, sumadas al persistente estigma, aumentan los riesgos relacionados con las drogas y los obstáculos en el acceso a los servicios sanitarios y para reducción de daños.
No reconocer las tensiones de la propuesta con las convenciones internacionales sobre drogas y la legislación de la UE, supone un tremendo riesgo legal y estratégico.
Activistas confían en que la abolición de la pena de muerte obligatoria para delitos relacionados con drogas sea el primer paso para abordar el impacto destructivo de la “guerra contra las drogas”
La Coalición Americana de Políticas de Drogas (CAPD) intervino para pedir retomar un debate continental amplio e inclusivo para transitar de la represión a una perspectiva basada en salud y derechos.
Pese a compromisos internacionales para garantizar el acceso a la reducción de daños, menos del 1% de quienes se inyectan drogas viven en países que muestran los niveles de cobertura del paquete básico de intervenciones recomendadas por la ONU.
Los estándares de participación y monitoreo del sistema de control social, así como sus consecuencias positivas, ofrecen aprendizajes para la regulación de los mercados de la coca y el cannabis.
El aumento de muertes y la inacción del gobierno han provocado que activistas creen clubes de compasión, distribuyendo drogas gratuitas y verificadas a los consumidores.
Representantes del gobierno sostienen que la prohibición ha fracasado en detener la expansión del mercado informal, prevenir daños, garantizar la seguridad y proteger la salud.
Si no aborda seriamente violaciones de los derechos humanos y promueve la reparación, el Programa Conjunto de la ONU en Filipinas corre el riesgo de institucionalizar estos abusos.
