Un nutrido grupo de mujeres cocaleras y organizaciones de mujeres en Colombia se pronuncian por una política de drogas pos-conflicto incluyente, sostenible y pacífica.
Human Rights Watch sostiene que el presidente filipino, Duterte, podría haber cometido crímenes contra la humanidad al instigar asesinatos durante su sangrienta campaña antidrogas.
De Lima es conocida por su oposición a las ejecuciones extrajudiciales que se llevan a cabo bajo la égida de la guerra contra las drogas del Presidente Duterte.
La convocatoria persigue proporcionar financiación a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH entre las personas que se inyectan drogas y las personas recluidas en cárceles.
Tailandia ha puesto en marcha un programa de sustitución de opiáceos, dado que no había conseguido reducir los problemas de salud relacionados con drogas a través de medidas punitivas.
