Aunque muchos de los países de la región están aplicando políticas excesivamente represivas, otros están empezando a admitir las consecuencias negativas y a plantearse una posible reforma.
El anuncio llega después de que varias peticiones de autoridades de la ONU instaran a Filipinas a armonizar su estrategia interna de lucha contra las drogas con la normativa internacional.
El programa PEPFAR, GAVI y la Iniciativa Presidencial contra la Malaria tampoco se han visto afectados, aunque el presupuesto perjudicará a la financiación para luchar contra el VIH, la tuberculosis y la malaria.
Un grupo de madres y viudas ha interpuesto varias demandas contra una serie de agentes de la policía que consideran que estarían detrás del asesinato de sus hijos y maridos.
En enero de 2017, el Ministerio de Finanzas Ruso rechazó una petición de 1200 millones de dólares del Ministerio de Sanidad necesarios para poner en práctica la Estrategia Nacional contra el SIDA.
La victoria legal en una pequeña ciudad española supone un gran paso para la legitimidad del uso de la hoja de coca, una práctica ancestral que hoy ha sido reconocida por un tribunal español.
La ministra de Salud canadiense, Jane Philpott, se ha mostrado contraria a una despenalización más generalizada, apuntando que, para ello, se necesitarían muchos más datos.
La nueva ley ha escondido el problema, pero podría decirse que también lo ha exacerbado, ya que ha promovido la producción y la venta clandestinas de las sustancias más peligrosas.
Los grupos que trabajan en defensa de los derechos humanos en Indonesia están intentando llamar la atención de la comunidad internacional sobre la controvertida pena de muerte en el país, después de que sus reivindicaciones en el contexto nacional cayeran en saco roto.
