En comparación con los hombres, las mujeres siguen viéndose afectadas de forma desproporcionada por el uso de drogas y se enfrentan a obstáculos para acceder al tratamiento.
Aunque Colombia aprobó una legislación modelo sobre cuidados paliativos en 2014 y se han levantado algunas de las restricciones, las barreras al acceso a medicamentos esenciales siguen siendo notables.
El cese de las actividades impuesto por las fuerzas de seguridad ha llevado a un alza en el comercio de varios mercados ilegales de la internet profunda.
Los maoríes son las principales víctimas de la guerra contra las drogas en Nueva Zelanda, pero muchos dirigentes maoríes son contrarios a la despenalización y la legalización.
Las autoridades camboyanas han dado un giro preocupante y están buscando medios para acelerar los procedimientos judiciales y liquidar los bienes incautados de presuntos narcotraficantes antes de que estos sean condenados, con el objetivo de ayudar a financiar las medidas del Gobierno para luchar contra las drogas.
Las pruebas recientes sugieren que el acceso al cannabis medicinal podría reducir la frecuencia de las sobredosis por opioides, algo que sería de gran utilidad para la India, donde algunas regiones sufren una creciente y letal crisis de opioides.
El proyecto de ley para la amnistia de pequeños cultivadores de coca causa debate ya que se argumenta que carece de incentivos para abandonar cultivos ilegales para aquellos que también se dedican al procesamiento.
"Aunque el consumo personal está avalado desde 1974, para conseguir marihuana debía convertirme en un delincuente", dice un usuario del nuevo sistema regulado.
En el marco de la campaña Apoye. No Castigue, las asociaciones que hacen parte del IDPC en Colombia organizaron un coloquio con cultivadores, usuarios y activistas.
En Asia, las políticas de drogas se utilizan para menoscabar los derechos humanos y silenciar las voces disidentes. Esta relación de rivalidad entre el Estado y la ciudadanía desplaza la responsabilidad del Estado de proteger a su población.
El proyecto de ley, por el que la posesión personal de las drogas de la Lista I y II pasaría de ser un delito grave a un delito menor, ya se ha aprobado en la Cámara y el Senado estatales.
