Tras una investigación caracterizada por numerosas irregularidades, violaciones de los derechos humanos e imprecisiones, el Gobierno de Kazajistán está dando marcha atrás con respecto a un programa esencial de reducción de daños.
El primer ministro, Gaston Browne, aboga por que se apruebe una ley que no permita que se procese a ningún adulto por la tenencia de menos de 10 gramos de cannabis.
La pena de muerte, que constituye un ejemplo extremo de las formas perversas en que los Gobiernos castigan a las personas sospechosas de estar implicadas en asuntos de drogas ilegales, todavía se utiliza en varios países de todo el mundo, como Malasia.
Un nuevo estudio sugiere que el tratamiento de la adicción a los opioides en las cárceles y prisiones es una estrategia prometedora para afrontar el elevado índice de sobredosis y trastornos por consumo de opioides.
El artículo 77 bis, parte de la reforma de la ley de drogas en Costa Rica, ofrece una alternativa a la prisión a las mujeres que cometen el delito de introducir drogas en un centro penitenciario.
El presupuesto del presidente Trump revela un gran incremento de las partidas destinadas a la aplicación de la ley en materia de drogas y las actividades de intercepción, frente a las reservadas para programas de tratamiento y prevención.
Perry Kendall y Donald MacPherson, expertos en políticas de drogas, instan a que en la provincia canadiense de la Columbia Británica se adopten enfoques a largo plazo basados en la salud pública, como la despenalización, en lugar de enfoques a corto plazo centrados en la aplicación de la ley.
La nueva serie temática de la revista especializada Harm Reduction Journal, centrada en la reducción de daños en Europa Oriental y Asia Central, acepta propuestas hasta el 31 de mayo de 2018.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a que se pusiera fin a la pena de muerte y las ejecuciones extrajudiciales en nombre del control de drogas.
Según un nuevo estudio europeo, para poner fin a las transmisiones del virus de la hepatitis C (VHC), es necesario ampliar el acceso a los servicios de reducción de daños y tratamiento, así como mejorar la políticas de drogas.
El Gobierno ucraniano proporciona actualmente terapia de sustitución con opioides financiada por el Estado y de forma gratuita a más de 10 000 pacientes, lo cual representa un incremento del 100 % con respecto a 2005.
