En México, "Apoyar, no sancionar" es un día de apoyo, comprensión y esfuerzos para reformar una política de drogas que ha destruido muchas vidas y ahora debe brindar atención y servicios.
Teniendo en cuenta el éxito en otros modelos de salud pública, algunas ciudades estadounidenses, en plena crisis de los opiáceos, estudiarán la posibilidad de abrir espacios de consumo más seguro
Dada la prevalencia creciente del uso de cannabis en el país, el Consejo Federal de Suiza ha dado luz verde a que se realicen ensayos limitados para explorar modelos normativos alternativos.
El Secretario General de la ONU instó a la comunidad internacional a poner en práctica políticas de drogas que prioricen la prevención, el tratamiento y la integración social.
La Sociedad de Usuarios Vivos de Drogas Intravenosas (SOLID) ha desplegado programas comunitarios para apoyar a sus pares con medidas de reducción de daños e incidencia, pero la financiación pública es escasa.
En paralelo a la consulta pública que está celebrando el Gobierno, algunas partes interesadas están organizando diálogos sobre la necesidad de mejorar los servicios sociales y poner fin a la penalización de las comunidades afectadas.
La oferta de naloxona ha dado buenos resultados como medida para la reducción de daños en Ontario y otras provincias canadienses, lo cual ha sentado las bases para un modelo parecido en los Estados Unidos, donde la crisis de los opioides continúa aumentando.
La elección de Iván Duque en las presidenciales colombianas podría desencadenar una nueva época de medidas de mano dura, que ya se probaron en el pasado y que fracasaron.
Luxemburgo, siguiendo los pasos de Alemania, Grecia y Portugal, acaba de legalizar el cannabis medicinal, aunque la nueva ley se considera demasiado restrictiva.
La colaboración en el ámbito de la incidencia y el intercambio de conocimientos entre Kenia y Burundi se ha traducido en una mejor información y aplicación de prácticas de reducción de daños.
El proyecto de ley alimenta la violenta guerra contra las drogas impulsada por el Gobierno, con lo que amenaza aún más la situación de los derechos humanos en el país.
