Una mayor autonomía de decisión por parte de la policía se ha traducido en la “ampliación de la red”, lo cual significa que hay más personas entrando en contacto con el sistema legal penal.
Pacientes enfrentan mayores costos y demoras en el acceso a tratamiento debido a incompetencia en el manejo de las cadenas de suministro por parte del gobierno.
Medidas temporales para prevenir la difusión de la pandemia se volverán permanentes dado que la decisión de no perseguir el consumo de drogas, el trabajo sexual y otras faltas menores demuestran ser beneficiosas para la salud y la seguridad.
Un número cada vez mayor de representantes en la Cámara de los EE.UU. vienen impulsando marcos legales a nivel federal y estatal para permitir estos servicios orientados a la reducción de daños.
El gobierno de Nueva Zelanda/Aotearoa espera que un marco legal de servicios para verificación de drogas reducirá las muertes accidentales por consumo de drogas vinculadas con el uso de sustancias adulterantes.
Los agricultores tradicionales de cannabis exhortan a las autoridades y contrapartes nacionales e internacionales a apoyar su recuperación tras el desastre humanitario en San Vicente y las Granadinas.
Datos preliminares sugieren que han muerto más de 87,000 personas por sobredosis de drogas, mientras se intensifican invocaciones de acción urgente desde una perspectiva de salud y reducción de daños.
Teniendo en cuenta la pandemia y su trágico impacto, el 420 de este año nos invita a reflexionar sobre los impactos de la prohibición del cannabis respecto a la salud pública y la justicia social.
El Foro sobre Drogas de la Sociedad Civil ha publicado una encuesta para medir la accesibilidad y calidad de iniciativas clave para la disminución de la demanda y reducción de daños.
