Un nuevo estudio revela que los agricultores jamaicanos están experimentando dificultades para participar en el nuevo programa de cannabis (o ‘ganja’) medicinal. Más información, en inglés, está disponible abajo.

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The findings of the study, conducted by a student at Writtle University College, have been published in the International Journal of Drug Policy.

Study author Simon Jones reveals that, out of the over 180,000 registered farmers growing traditional crops in Jamaica, only 25 applications for ganja cultivation have been made. High licensing fees and other financial and infrastructural burdens have been cited as the main impediments to farmers.

Jamaica appears to have drawn their new regulations from schemes implemented in North America with little localisation for a developing country. Therefore, small farmers will likely continue to grow and sell illegally, potentially warping the medical market and undermining its successful implementation.

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La aplicación del programa de ganja medicinal en Jamaica

Por Alejandro Madrazo Lajous, Jorge Javier Romero Vadillo, Rebeca Calzada Olvera

La guerra contra las drogas echada a andar en 2006 por Felipe Calderón tuvo como objetivo explícito “recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado”. La estrategia se centró en el despliegue de las distintas corporaciones federales —castrenses o de seguridad— a lo largo del territorio nacional en operativos supuestamente planificados. Además, la estrategia buscaba generar capacidad de reacción ante presuntas agresiones de los grupos definidos como antagonistas que pusieran en riesgo el orden público o la seguridad interior del país.

La información conocida desde entonces muestra que el efecto más notable de la estrategia ha sido un aumento ingente de la violencia, reflejado sobre todo en el incremento de la tasa de homicidios (entre 2007 y 2011 la tasa pasó de 8.1 a 23.7 homicidios por cada 100 mil habitantes) concentrados precisamente en las zonas de actuación de las fuerzas federales (ver al respecto el texto de Laura Atuesta publicado en estas páginas el mes pasado). La epidemia de homicidios es de tal magnitud que revirtió la tendencia —hasta entonces creciente— en la esperanza de vida en hombres mexicanos. Además, los indicios de violaciones a los derechos humanos, reflejados en muchos casos en denuncias concretas, y la falta de eficacia en la obtención de los resultados esperados respecto al tráfico de sustancias y otros delitos colaterales, hace indispensable una evaluación a fondo de los resultados de la política pública emprendida. Sin embargo, la información oficial publicada no registra lo que debería de ser uno de los objetos de estudio centrales para entender, analizar, planear y ejecutar estas actuaciones. Las autoridades no fiscalizan su propio proceder. Tampoco evalúan el impacto de las intervenciones, las actuaciones y las prácticas que despliegan. La guerra contra el narcotráfico tampoco ha sido supervisada con seriedad por el Congreso. Mucho menos se conoce evaluación seria alguna sobre costo-beneficio de sus resultados por parte del Ejecutivo.

Los combates: La “guerra contra las drogas” de Felipe Calderón en México

El Senado de Argentina aprobó hoy y convirtió en ley el proyecto que avala el uso medicinal de la marihuana, que ya obtuvo el visto bueno de la Cámara de Diputados en noviembre de 2016. La norma, que garantiza a ciertos pacientes el acceso al aceite de cannabis, habilitando su importación hasta que el Estado se encuentre en condiciones de producirlo, fue aceptada por la unanimidad de los legisladores con 58 votos afirmativos. La necesidad de regular la sustancia fue impulsada por grupos de madres de chicos con patologías, especialmente epilepsias, hace más de un año y la ley autoriza la producción a varios organismos científicos estatales, con fines de investigación, pero no el cultivo particular, que sigue siendo castigado con prisión de hasta 15 años si se trata de muchas plantas o hasta dos si la justicia considera que es para uso personal.

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