Por Natalia López, ELEMENTA DDHH / Animal Político

Hace unos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición administrativa del uso y consumo lúdico de la cannabis, por violentar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En la Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI) 1/2018 se establecen: 1) las condiciones y límites para el ejercicio al autoconsumo, 2) la necesidad de que el Congreso regule la cannabis desde un enfoque de salud pública, y 3) la obligación de la Secretaría de Salud para emitir las autorizaciones correspondientes para hacer efectivo el ejercicio el derecho al autoconsumo.

No obstante, esta decisión no tocó la prohibición penal, por lo que las conductas relacionadas con el uso y consumo de sustancias psicoactivas se siguen considerando como delito. Entre estas, la posesión simple que consiste en el hecho de portar sustancias psicoactivas, sin autorización, y que de las circunstancias no pueda comprobarse si está destinada al comercio o suministro. Este delito afecta directamente a las personas usuarias de cannabis y otras sustancias, pues ¿cómo es posible reconocer el derecho al consumo lúdico de la cannabis al tiempo que mantienes la criminalización de poseer dicha sustancia? ¿Cómo se consume sin poseer?

En ese contexto, a la SCJN se le presenta una nueva oportunidad para dar certidumbre jurídica a las personas usuarias con la atracción del amparo en revisión 585/2020. El recurso, presentado por México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), cuestiona la constitucionalidad del delito de posesión simple por violentar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. También, por ser una medida desproporcionada e ineficaz para disuadir su consumo y erradicar el tráfico ilícito.

Sin embargo, el proyecto de resolución, propuesto por el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá, está orientado a declarar la constitucionalidad del delito de posesión simple y mantener la criminalización de las personas usuarias de cannabis. Argumenta que: 1) la posesión simple protege al bien jurídico y constitucionalmente válido de la salud pública; 2) la Tabla de Orientación1 garantiza la libertad de consumo, evitando la posesión indiscriminada y, 3) permite el eficiente combate contra el narcotráfico.

Además de que la evidencia existente en materia de salud y los más de 15 años de fracaso de la guerra contra las drogas contradicen lo argumentado por el ministro, el proyecto es preocupante porque no busca generar un debate real sobre los efectos de la penalización de la posesión simple. Por el contrario, defiende una política de drogas ineficaz e ignora los efectos de dicho delito que han impactado negativamente a la sociedad, en particular a los grupos en situación de vulnerabilidad relacionados con el mercado ilícito. Asimismo, es una contradicción con lo decidido en la DGI 1/2018, sobre la prohibición administrativa.